La lucha contra la corrupción en Guatemala
por María Josefina Arce
La reciente visita a Guatemala del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, volvió a poner sobre la mesa la persecución del Ministerio Público, encabezado por la Fiscal General Consuelo Porras, contra jueces, fiscales y periodistas que enfrentan la corrupción.
El funcionario del organismo internacional expresó su preocupación por el indebido uso de la legislación penal para criminalizar a determinadas personas, al tiempo que reconoció el compromiso del gobierno que preside Bernardo Arévalo con el estado de derecho, la democracia y los derechos humanos.
Ya la ONU había cuestionado durante el mandato de 2020 a 2024 del hoy ex presidente Alejandro Gianmattei el accionar contra fiscales y jueces con un papel importante en la lucha contra actos deshonestos.
Recordemos que Gianmattei ratificó en 2022 como Fiscal general a Porras, quien ha sido señalada por bloquear investigaciones sobre hechos corruptos, proteger los intereses de ciudadanos poderosos, incluido el ex mandatario, y criminalizar a personal del sistema de justicia.
Datos públicos dan cuenta que más de 50 operadores de justicia, periodistas, líderes indígenas y activistas salieron del país centroamericano al exilio entre 2019 y 2023, tras denunciar hostigamiento en su contra por el Ministerio Público.
Desde su campaña electoral Arévalo dejó claro su compromiso con la lucha contra la corrupción, lo que encendió las alarmas en la élite política y económica. Con su sorpresivo paso al balotaje de agosto pasado comenzaron los problemas para el hoy presidente
y su partido Semilla.
El hostigamiento incluyó una investigación contra Semilla, la suspensión de su personalidad jurídica, allanamientos de su sede, el secuestro de actas y votos e incluso, intentos de anular los comicios.
Se buscó por todos los medios que Arévalo, ganador de la segunda ronda con cerca de 60% de los sufragios, no tomara posesión de su cargo el 14 de enero pasado.
La confrontación ha seguido, ahora con Arévalo como presidente, quien se ve imposibilitado por la ley de remover de su cargo a Porras, la que, como ha expresado, ha encarcelado y acorralado a quienes dejan al descubierto la corrupción.
El actual gobierno denunció penalmente a la Fiscal General por evitar reunirse con el presidente y envío al Congreso una propuesta para reformar el Ministerio Público y se cumpla la ley.
Cuestionada por muchos por su accionar, Porras se dio el lujo incluso, de suspender a último minuto su reunión con el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, quien en conferencia de prensa tras concluir su visita a Guatemala, la urgió a detener la persecución política.
