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Por María Josefina Arce

Aprobada en junio pasado por el Congreso de Argentina, la polémica Ley de Bases ha generado un amplio rechazo de gran parte de la ciudadanía, en especial el acapite referido al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, calificado como una pérdida de la soberanía.

Diversos sectores de la sociedad han señalado que el denominado RIGI constituye la entrega de los recursos naturales del país suramericano a las grandes compañías extranjeras, incentivando el extractivismo.

El RIGI está dirigido a fondos de inversiones de más de 200 millones de dólares, apunta por tanto, señalan los expertos, a la mega minería, agro negocios e hidrocarburos.

Julián Moreno, titular de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, afirmó  que se abren las fronteras para que salgan del territorio recursos como el gas, petróleo y litio y que no quede nada para los argentinos.

Pero además, como la historia ha demostrado estas grandes inversiones no se traducen en mejorías sociales  para la población residente en el área y si en graves problemas de salud por los daños ambientales.

Sobran los ejemplos al respecto en las naciones de América Latina, que han sido testigos de un prolongado saqueo de sus riquezas naturales, con el beneplácito de  los gobiernos, que han puesto en marcha políticas neoliberales.

Se viola, denuncian diversos sectores, la Constitución del país,  que establece que cada ciudadano tiene derecho a gozar de un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano.

Asimismo, como se ha advertido se irá a una competencia desleal para la industria nacional, pues se verán favorecidas las transnacionales, con beneficios desde jurídicos hasta impositivos.          

Para muchos esto llevará al cierre de numerosas empresas nacionales, con la consabida pérdida de puestos de trabajo y el aumento del desempleo que por la política económica del gobierno que preside Javier Milei creció  dos puntos en el primer trimestre de este año y se situó en 7,7%.

Se incrementará también la pobreza, que ya, de acuerdo con un estudio de la Universidad Torcuato Di Tella, alcanza a 50% de la población del país suramericano.

Organizaciones sociales, ambientalistas e indígenas han dejado claro su rechazo al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, que vulnera, han denunciado,  los derechos consagrados en la Carta Magna y los acuerdos internacionales suscritos por Argentina, especialmente referidos a la protección del medio ambiente.