Violencia en Perú. Imagen:AFP

por María Josefina Arce

La autoproclamada presidenta Dina Boluarte ha cumplido dos años al frente del Perú, en medio de investigaciones judiciales por corrupción, encubrimiento y abandono del cargo y cada vez más cuestionamientos a su gestión, en particular el referido a la alta inseguridad reinante.

Los peruanos critican la ausencia de una respuesta eficaz del gobierno de Boluarte al incremento de la delincuencia y criminalidad en el país andino.

Delitos como el homicidio, robo y extorsión han ido ganando espacio en el territorio peruano, donde se han registrado en los últimos tiempos protestas de transportistas y comerciantes, ante la amenaza que representan las bandas criminales.

Protestas minimizadas por la autoproclamada presidenta, que las achacó a grupos informales y a intereses políticos.

Pero las cifras no dejan dudas sobre el aumento de los hechos delictivos. Entre 2022 y 2024 los robos a los negocios aumentaron 225%, mientras que las víctimas de extorsión crecieron 50%.

De hecho un sondeo de la encuestadora Datun reveló que la percepción de inseguridad en el Perú ha escalado vertiginosamente. 87% de los ciudadanos no se siente seguro en sus ciudades, un número que se eleva a 94% en Lima, la capital, y en Callao.

Hasta el momento la respuesta gubernamental ha sido declarar estado de emergencia en diversas localidades. Es así que a finales de la pasada semana se decretó esta medida para un distrito de Lima y 6 de la provincia vecina del Callao.

Ya desde hace dos meses rige  igual disposición en otras 14 jurisdicciones de ambos territorios, sin que se haya logrado un control efectivo de los hechos violentos.

La ciudadanía señala que estas disposiciones no son suficientes, pues no van acompañadas de una estrategia integral que contemple también las causas estructurales de la delincuencia, como la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades educativas y laborales.

Con apenas un 3% de aceptación ha llegado Boluarte a  dos controveridos años de mandato, marcados por escándalos de corrupción, un millón más de peruanos pobres y una escalada de la violencia.