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Por María Josefina Arce.
Polémica ha generado en el Perú la ley promulgada por el gobierno de la autoproclamada presidenta Dilma Boluarte, que prohíbe la detención preventiva de policías que, en el ejercicio de sus funciones, utilicen sus armas reglamentarias y causen lesiones o muerte.
La legislación, aprobada en noviembre pasado por el Congreso, modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal, que con el pretexto de garantizar la presunción de inocencia, protege a las fuerzas policiales.
Los detractores de la norma señalan que esto puede abrir el camino a excesos o abusos de los agentes del orden, como ya han tenido lugar en territorio peruano bajo el mandato de Boluarte.
No olvidemos que unas 50 personas murieron entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, durante la violenta represión de las fuerzas policiales y militares contra las protestas por la destitución y arresto del presidente Pedro Castillo, elegido democráticamente en las urnas.
Informes de organismos internacionales señalaron que los agentes dispararon de forma ilegítima con armas letales contra los manifestantes, quienes también reclamaban la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso y la formación de una Asamblea Constituyente.
Asimismo denunciaron que las poblaciones indígenas y campesinas fueron las más afectadas por el uso excesivo de la fuerza de los agentes.
Incluso Boluarte es investigada por su responsabilidad en las muertes durante las protestas y las lesiones a otros 716 peruanos.
Ahora la proclamación de la nueva legislación, apuntan muchos, podría llevar a la impunidad de miembros de las fuerzas del orden señalados por esos crímenes.
Algunos legisladores han subrayado que la norma no favorece la lucha contra la delincuencia, como ha pretendido presentarla el gobierno, sino que en realidad protege a la policía ante excesos cometidos.
La polémica se ha instalado en la sociedad peruana, ante la promulgación de esta nueva ley que para diversos sectores sólo significa más impunidad para los agentes policiales.
