Por: Guillermo Alvarado

Como una dictadura disfrazada es calificado el gobierno de Argentina encabezado por el presidente Mauricio Macri, quien a un mes de ocupar el cargo ha dado graves muestras de prepotencia, brutalidad e improvisación en temas que son fundamentales en el funcionamiento del país.

Ejemplo de ello son la disolución de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, AFSCA, y la modificación de la Ley de Medios a favor de empresas particulares, medidas que persisten a pesar de un dictamen cautelar emitido por un juez que envió el tema a la Cámara de lo Civil y Comercio Federal, donde se dirá la última palabra.

A pesar de que en apego al derecho la AFSCA sigue vigente, Macri envió a las fuerzas policiales a su sede para desalojar a los pocos trabajadores que continuaban realizando sus labores.

Otra decisión polémica fue cerrar las plantas donde se construyen los satélites de comunicaciones Arzat, los primeros fabricados en Argentina por iniciativa de la expresidenta Cristina Fernández, y ofrecer a Francia los que ya están en órbita.

Como un “golpe bajo” fue considerada la actitud de la Secretaría de Derechos Humanos, bajo control gubernamental, de entrevistarse con los abogados de militares sancionados por las graves violaciones a las garantías fundamentales y delitos de lesa humanidad perpetrados durante los años oscuros de la dictadura castrense, cuando desaparecieron, fueron torturadas y asesinadas miles de personas.

El ejecutivo de Macri ha despedido a numerosos trabajadores en organismos encargados de velar por los derechos de las víctimas de los militares y está en curso el cierre o la intervención de varias entidades, entre ellas el Programa Verdad y Justicia y el Registro Nacional de Reincidencias.

En total el primer mes de gobierno de Macri representó la pérdida de 30 mil empleos, un promedio de mil cada día, tanto en el sector público como el privado.

Un escándalo de grandes proporciones provocó el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, quien calificó como “grasa militante” que sobra a los empleados públicos para justificar los despidos masivos.

Líderes sindicales de diversa orientación calificaron como una ofensa imperdonable las palabras del funcionario y señalaron que ese trato despectivo representa el valor que el gobierno da al empleo.

Por si fuera poco, Macri pretende eliminar varias conquistas sociales y laborales de los actores durante los gobiernos de Nestor Kirchner y Cristina Fernández. La conocida actriz Norma Aleandro denunció que “es como si estuviéramos bajo una dictadura siniestra” y recordó que ese sector ha hecho importantes aportes a la nación, no sólo desde el punto de vista económico sino que también cultural.

El curso de confrontación seguido por Macri causó ya protestas populares esta semana, las que podrían arreciar debido al incremento del descontento en una población que conoció grandes beneficios y encara el riesgo de perderlos ante un gobierno neoliberal a ultranza.