Por: Guillermo Alvarado

Abundante ha sido la repercusión mundial por la difusión de los llamados "papeles de Panamá" que pone al descubierto una trama internacional de evasión de impuestos y otros actos ilícitos por medio de la creación en distintos paraísos fiscales de miles de empresas de las llamadas fuera de plaza, más conocidas como offshore.

Están implicados en esta trama un bufete de abogados, el Mossack Fonseca, con sede en Panamá y filiales en muchos países y que está considerado entre los cinco principales de todo el planeta en la creación de estas firmas, por encargo de magnates, políticos, deportistas y otras personalidades.

Uno de los afectados por el escándalo es el presidente de Argentina, Mauricio Macri, cuyo nombre aparece en tres de las empresas reveladas por los “papeles de Panamá”, que le ha ocasionado una verdadera tormenta política.

La defensa de Macri hasta ahora ha sido similar a la del bufete Mossack Fonseca, y se basa en el hecho de que la creación de una empresa offshore no es, en sí mismo, un acto ilegal y por lo tanto no hay nada que reprocharle.

Desde un punto de vista estrictamente técnico puede que tengan razón, pues la fundación de una empresa fuera de plaza está prevista por la ley y las regulaciones internacionales. Otra cosa es para qué sirven o cómo se utilizan estas entidades y aquí la estrecha línea divisoria entre lo legal y lo inmoral se hace muy difusa, tanto que resulta muy difícil separarlas.

Todo el mundo sabe que las offshore se inventaron con el propósito de evadir impuestos, estafar al Estado o a particulares, mover capitales de manera oscura o lavar dinero proveniente de actividades ilegales.

Viene a la memoria la bancarrota de uno de los principales bancos de Guatemala, el Bancafé, ocurrida en octubre de 2006. Cuando los cuentahabientes intentaron recuperar sus capitales descubrieron que desde hacía años los directivos estaban sacando el dinero hacia una offshore y nunca pudieron recuperar su patrimonio.

Por eso hay justificadas razones para que cuando esa palabra suena, venga aparejada casi siempre con la noción de manejos sucios.

De allí que el escándalo desatado desde el domingo pasado tenga también un fuerte impacto político, y así lo demuestra el hecho de la renuncia del primer ministro de Islandia, David Gunnlaugsson, cuyo nombre apareció en los papeles.

Otra arista del problema es el manejo informativo que se le está dando al caso. En Argentina la gran prensa vinculada a la derecha está tendiendo un manto al presidente Macri, aunque agrupaciones sociales y hasta sectores del mismo gobierno exigen mayor claridad sobre la presunta participación del jefe de Estado en el asunto.

Otros señalan que hasta el momento en el escándalo no han aparecido nombres de Estados Unidos, Japón, Israel o Alemania y exigen que se diga toda la verdad. Están, asimismo, quienes comienzan a analizar los estrechos vínculos entre lo legal y lo inmoral y recuerdan que desde hace años se demanda un cambio de reglas en el difuso mercado financiero internacional, donde hay más agujeros negros que en todo el universo.