Caracas, 19 feb (RHC) El anuncio del ingreso de "ayuda humanitaria" por parte de Estados Unidos a través de las fronteras de Colombia y Brasil, valorada en 20 millones de dólares e irrisoria en contraste con los daños que produce el cerco financiero, cuantificados en 30 mil millones de dólares, no logran hegemonizar la opinión pública, sobre todo por las amenazas de intervención militar que se han colado desde la Casa Blanca, pero además porque los datos reales sobre la situación política y económica venezolana desentonan con los de las naciones que padecen profundos estragos sociales.

La crisis humanitaria es una categoría del Derecho Internacional Humanitario, que se refiere tanto a desastres naturales como a conflictos bélicos de alta densidad y le da a la ayuda transnacional operada por gobiernos y organismos internacionales, un argumento para intervenir en las decisiones que atañen a los Estados, violando sus soberanías. Haití, Somalia y Sudán del Sur son los precedentes de Venezuela, el actual objetivo de las cruzadas humanitarias.

La Organización de las Naciones Unidas define que, para existir una emergencia de esta naturaleza, los niveles de violencia, hambre y enfermedades deben afectar a millones de personas sin que el Estado encargado pueda ejercer un control efectivo de los problemas.

Yemen, Libia, Irak, Siria, República Democrática del Congo, Ucrania, son algunos de los principales países que la Agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR) considera como los más críticos de 2018 por estar inmersas en una crisis social de naturaleza compleja y prolongada. Las guerras que las atraviesan, incrementan las crisis alimentarias, las epidemias de enfermedades, el desplazamiento interno y la migración forzada.

En ese sentido, las características específicas que se repiten en estas regiones de África, Asia y Europa del Este, en Venezuela no suceden o se presentan mucho menos intensificadas.

Inseguridad alimentaria inducida y la contraofensiva de los CLAP

Desde 2016, se comenzó a posicionar el relato de “crisis humanitaria” desde la Asamblea Nacional, tribuna de la oposición y en los espacios de la Organización de Estados Americanos (OEA) con Luis Almagro a la cabeza de la operación, previendo que los efectos del Decreto Obama y su ratificación por el presidente Donald Trump se sentirían en la cotidianidad de la población.

Es innegable el deterioro de las condiciones económicas en la población venezolana producto de las violentas agresiones económicas, que además han alentado la proliferación de la economía paralela y la especulación, pero sigue sin existir punto de comparación con verdaderas colapsos estructurales de regiones asiáticas y africanas.

Los últimos informes de la FAO estiman que entre los años 2016 y 2018 hubo un aumento del 11 por ciento de subalimentación, siendo insuficiente para agregarlo a emergencias alimentarias que sufren países subsaharianos, donde la proporción de personas subnutridas se ubica en 30 por ciento del total de la población.

El boicot premeditado de la industria privada para ejercer presión económica, junto con el ataque a la moneda desde mafias cambiarias, desmejoraron el acceso del ciudadano común a productos esenciales de la canasta básica.

Simultáneamente, las sanciones financieras aplicadas al Banco Central de Venezuela y a la estatal PDVSA limitaron la capacidad de maniobra del gobierno venezolano para dar respuesta a la precarización de la alimentación.

Pero la política de distribución de alimentos a precios subsidiados, que el Estado venezolano articula a través de los CLAP, ha contenido en gran parte los efectos de estas agresiones dirigidas directamente a la población. El ataque y descrédito internacional a una estructura que, actualmente, le garantiza la alimentación básica a más de 6 millones de familias, reafirma las intenciones de instrumentalizar el relato de hambruna como elemento de la supuesta “crisis humanitaria” en Venezuela, por la cual se intenta justificar una intervención militar.

No hay que olvidar que el año pasado el gobierno de Colombia, bajo tutela del Departamento de Estado, impidió la entrada de más de 25 mil cajas de alimentos CLAP, mientras que bancos internacionales obstaculizaron el pago de otras 18 mil, obligando al país a triangular con países aliados para esquivar el bloqueo.

Consecuencias de las agresiones financieras al sector de salud público

Más crítico ha sido el saboteo en la adquisición de insumos médicos para quebrar los servicios de emergencias hospitalarias. Las desmejoradas condiciones de los centros asistenciales también tienen como principal detonante a la orden ejecutiva firmada por Donald Trump en agosto de 2017.

A los fenómenos nacionales de acaparamiento de medicinas, alza en los precios y redes de contrabando que desvían recursos, se suman los impedimentos internacionales para importar tratamientos médicos, como la negativa de Citibank a recibir un pago para la adquisición de 300 mil dosis de insulina, la obstaculización en Colombia de un cargamento con medicinas contra la malaria luego de un rebrote de esta enfermedad que había sido erradicada, o el reciente bloqueo por parte de España sobre un envío en la aerolínea Iberia de 200 mil unidades de medicamentos para enfermedades crónicas, compradas en Qatar.

Ahora, la contraofensiva venezolana de nuevo sirve de compensación a las graves consecuencias de estos ataques multidimensionales.

La activación del plan nacional gratuito de vacunas 2018, con el apoyo de Organización Mundial de la Salud y representantes de los médicos cubanos, es un ejemplo de esto. Durante los meses de abril y mayo se desarrolló un proceso de vacunación con más de 11 millones de dosis, contemplando un total de 9 millones de beneficiados. Entre las enfermedades que abarcó, estuvo la difteria, tuberculosis, malaria, hepatitis B, poliomielitis, sarampión y tétanos.

El arribo del buque hospital chino "Arca de la Paz" en septiembre de 2018, es otro elemento a sopesar cuando se le acusa al Gobierno de ser responsable de la situación hospitalaria. Esta nave llegó a puerto venezolano, con 120 profesionales de la medicina, 8 quirófanos, 300 camas hospitalarias y unos 2 mil 666 dispositivos médicos para proporcionar atenciones especializadas al país. La actividad fue una acción coordinada entre China y Venezuela.

A diferencia de Estados que han perdido la habilidad para ejercer un control sobre sus territorios y ante casos de conflictos bélicos o desastres naturales son incapaces de gestionar soluciones a las crisis sanitarias que resultan de allí, Venezuela ha sabido entablar alianzas de cooperación con países y organismos internacionales para mitigar los daños en la salud de la población.

Desplazamientos internos y refugiados: cifras contrastables

Un rasgo elemental de los países con crisis humanitarias son los desplazamientos forzados internos y hacia otros países, en búsqueda de resguardarse de los enfrentamientos violentos. En el informe anual de 2018, ACNUR especificó que dos tercios de las 68 millones de personas desplazadas por la guerra y el conflicto, provienen de cinco países: Siria, Afganistán, Sudán del Sur, Myanmar y Somalia. Por otro lado, Colombia tiene 7.7 millones de víctimas del conflicto huyendo por el territorio nacional, siendo el país latinoamericano con mayores desplazados internos.

En cambio, en Venezuela no existe registro de desplazamientos forzosos en el interior del país, pero el uso descontextualizado de cifras sobre migraciones y refugiados por los medios de comunicación internacionales está ampliamente documentado, sí ha reclamado la atención de una crisis migratoria, aunque no se corresponda a los desplazamientos que provoca una confrontación bélica.

Los datos publicados por distintas iniciativas para caracterizar al «éxodo venezolano» como un problema que amenaza la seguridad internacional, varían en las cifras y colocan en un mismo saco a migrantes y refugiados. Lo cierto es que las razones de la migración venezolana son fundamentalmente económicas (exacerbadas por campañas mediáticas) y se disparan en 2017, año en que se intensificó el bloqueo financiero contra el país.

En la actualidad un total de 12 mil 750 de las personas que viajaron a otros países para mejorar su condición económica han regresado a través del Plan Vuelta a la Patria, programa implementado para repatriar a los venezolanos víctimas de la explotación laboral, acciones de xenofobia y la trata de personas.

Actores y elementos vigentes que desmontan la "crisis humanitaria"

El Estado venezolano mantiene la articulación con actores estatales y no estatales con el objetivo de blindar los programas sociales, siempre y cuando no se condicione la prestación de apoyo.

En la reunión sostenida con la FAO y Unicef a mediados de enero, en el marco de una invitación de la presidencia atendida por la ONU, se firmaron convenios relacionados con los programas de alimentación escolar, educación integral y agricultura urbana.

Asimismo, miembros del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) participan junto con la Vicepresidencia y el Ministerio de Salud en la evaluación de los mecanismos de cooperación para fortalecer el área médica, luego de que días anteriores, el presidente de la Cruz Roja Christoph Harnisch advirtiera el carácter político de la operación que quiere activarse en la frontera con Colombia y manifestara no participar en lo que no consideran que sea una ayuda humanitaria.

El ministro de salud Carlos Alvarado también ha anunciado el ingreso de 18 millones de insumos médicos, provenientes en su mayoría de los convenios establecidos con Cuba y China, unos de compra directa con empresas del mercado internacional que no obstaculizan los pagos y otros a través del fondo rotatorio y la Organización Panamericana de la Salud.

Esta gestión directa de las instituciones venezolanas impide que las acciones coordinadas desde Washington resulten en una verdadera crisis humanitaria que promueva la caída inminente de las estructuras que mantienen el orden político dentro del país. Es decir: el Estado y el chavismo.

Al reconocer a órganos paralelos como legítimos y proporcionarles financiamiento, Estados Unidos niega la autoridad política del gobierno nacional para actuar como máximo representante del país en la resolución de los problemas.

Así, denuncian que Venezuela no acepta “ayuda humanitaria" mientras desconocen los esfuerzos multilaterales en función de garantizar la estabilidad social. Porque una salida diplomática amenaza las variables que han fabricado para justificar el acceso militar al territorio bajo la supuesta "ayuda humanitaria”. (Fuente: MisionVerdad)