Por: Isis María Allen

La JEP, Jurisdicción Especial para la Paz, columna vertebral del acuerdo, que la ex-guerrilla colombiana FARC-EP y el gobierno de Juan Manuel Santos lograron en La Habana, ha regresado a debate nacional a partir de las propuestas de modificación hechas por el presidente Iván Duque.

Duque es integrante del Partido Centro Democrático que lidera Alvaro Uribe, quien siempre fue el más ferviente crítico de las conversaciones de paz.

El pasado día diez  el actual mandatario  colombiano  anunció al país su objeción a seis artículos de la ley estatutaria de la JEP, un sistema integral que incluye verdad, justicia, reparación y no repetición, que devino en novedad dentro de las formulas de solución de conflictos, con amplio reconocimiento internacional.   

Tras cerca de cuatro años de conversaciones y un plebiscito que dio lugar a la consideración  de las opiniones de todos los sectores  de la sociedad colombiana para incorporar al pacto varias  modificaciones, Duque, ahora propone cambios, que han dado lugar a un amplio debate en el que se han escuchado opiniones como la del  senador Iván Cepeda, ferviente defensor de los derechos humanos en ese país sudamericano.

Al decir del político del partido Polo Democrático Alternativo es falaz la  afirmación de que JEP va a introducir la impunidad en el país, pues los peores crímenes que se han cometido en Colombia siguen en la impunidad y agrega: “llegó el momento en que todos los responsables, todas las víctimas, todos los que tengamos que decir algo frente a lo ocurrido en Colombia, lo hagamos... lo cual va a significar un antes y un después porque en la impunidad es en lo que hemos vivido...”  

La oficina del Alto Comisionado para los derechos Humanos de la ONU instó a Colombia a la implementación de los acuerdos de paz y aprovechar esta “oportunidad histórica” para impulsar cambios positivos en el país.

Previa a la decisión del presidente Duque los países garantes del proceso de paz, Cuba y Noruega, enviaron una carta privada al gobierno colombiano que fue filtrada y hecha pública en la cual expresan que también en su condición de acompañantes dentro  de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de la  Implementación del Acuerdo instan a las instituciones del Estado colombiano a garantizar la protección del acuerdo final y asegurar el estricto cumplimiento de lo estipulado.

Si este camino es objetado-añade- se dañará la columna vertebral sobre la cual se construyó el Acuerdo Final de Paz, y quedará en vilo la implementación en sus aspectos más fundamentales.

El Secretario General de la ONU, su Consejo de Seguridad, representantes de la Corte Penal Internacional, y la comunidad internacional en su conjunto, han expresado sus preocupaciones en este sentido, y velan porque una involución del Acuerdo Final de Paz alcanzado no se convierta en un precedente negativo para otros procesos de paz que pueden tener en este, un referente para futuras negociaciones.

Los países garantes, Cuba y Noruega, reiteraron su  compromiso de continuar apoyando y acompañando los esfuerzos para alcanzar una paz estable y duradera en Colombia.

Las delegaciones del gobierno de Juan Manuel Santos que participaron en los diálogos de paz en La Habana y de la ex-guerrilla FARC-EP, devenida en partido político hicieron llegar al secretario general de la ONU su preocupación por los cambios que se pretenden introducir a la JEP.