La Habana, 11 abr (RHC) Discurso pronunciado por el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Raúl Castro, durante la Segunda Sesión Extraordinaria de la IX Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, con motivo de la proclamación la víspera de la Constitución de la República.
(Versiones Taquigráficas-Consejo de Estado)
Compañero Esteban Lazo, Presidente de la Asamblea Nacional;
Compañero Miguel Díaz-Canel, Presidente de la República de Cuba –ahora es Presidente del Consejo de Estado y del Gobierno de la República de Cuba;
Compañeras y compañeros:
Constituye para mí un privilegio excepcional pronunciar las palabras centrales en esta sesión de proclamación de la Constitución de la República. Es la segunda ocasión que cumplo tan alta responsabilidad.
Hace algo más de 43 años, el Comandante en Jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, antes de partir al exterior en cumplimiento de un ineludible compromiso internacional, me encargó sustituirlo en el acto solemne, celebrado el 24 de febrero de 1976, para la proclamación de la Constitución cuya vigencia culmina hoy.
La fecha escogida no es casual, hace 150 años, el 10 de Abril de 1869, los mambises reunidos en Asamblea Constituyente en Guáimaro acordaron nuestra primera Constitución, fruto de la unidad e institucionalidad que requería la naciente República en Armas.
La libertad y la independencia frente al colonialismo español serían parte de sus objetivos esenciales, unidos al reconocimiento de la igualdad entre todos los cubanos, sin fueros ni privilegios.
La Constitución que proclamamos hoy es continuidad de aquella primera, en tanto salvaguarda como pilares fundamentales de la nación la unidad de todos los cubanos y la independencia y soberanía de la patria.
Las constituciones de Baraguá, Jimaguayú y La Yaya, proclamadas con posterioridad en distintos momentos de la contienda insurreccional, son una expresión continuadora de la tradición constitucionalista revolucionaria de nuestra historia.
No es ocioso recordar que, a pesar de las campañas victoriosas de los mambises frente al colonialismo español, no se alcanzó la verdadera independencia nacional ni la instauración de la República democrática y progresista a que aspiraban los patriotas cubanos, la victoria le fue arrebatada a nuestro pueblo por la intervención del imperialismo norteamericano, sobre cuyo peligro habían alertado varios de nuestros próceres, en primer lugar José Martí.
En medio de la ocupación militar norteamericana se aprueba la Constitución de la República de 1901, a la cual se le impuso como un apéndice la Enmienda Platt, que subordinaba nuestra soberanía a los intereses de Estados Unidos.
Como expresara Fidel en el Informe Central al Primer Congreso del Partido en diciembre de 1975, después de la Guerra de Independencia a Cuba,: “se le concedió la independencia formal el 20 de mayo de 1902, con bases navales norteamericanas y con la enmienda constitucional impuesta, que entre otras cosas daba a los Estados Unidos el derecho de intervenir en Cuba. Se instaura así la neocolonia yanqui en nuestra patria”.
No olvidemos que aquella constitución fue puesta en vigor por una orden del Gobernador Militar yanqui.
Con posterioridad, la Constitución de 1940, resultado de un complejo proceso histórico devenido luego del derrocamiento de la dictadura machadista, consigue reflejar parte de los anhelos de nuestro pueblo en aquellos tiempos.
La coyuntura internacional en que se realiza la Asamblea Constituyente para esa Carta Magna, en el marco de la lucha mundial contra el fascismo y la activa participación de asambleístas con ideales progresistas, en particular los comunistas, influyeron en que se aprobara un texto constitucional de avanzada para la época pues establecía nuevos derechos sociales y económicos. Preceptuaba el rechazo a toda discriminación por razones de raza, color de la piel y sexo, la jornada laboral de ocho horas y la prohibición del latifundio.
Como es conocido, muchos de esos postulados quedaron en letra muerta, en algunos casos, por no tener un desarrollo legislativo ulterior y, en otros, porque era inviable su implementación en los marcos de aquella sociedad burguesa.
La vigencia de la Constitución de 1940 fue interrumpida con el Golpe de Estado orquestado por Batista en 1952 y la instauración de unos espurios estatutos constitucionales. Este acto se convirtió en catalizador del movimiento revolucionario encabezado por la Generación del Centenario, cuyo Programa Político se sintetiza en el alegato de defensa de Fidel al ser juzgado por los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, conocido como La Historia me Absolverá.
El triunfo de la Revolución, el primero de enero de 1959, rescató los postulados constitucionales del 40, que fueron atemperados a las circunstancias de un verdadero proceso revolucionario. Una de las primeras medidas en el orden jurídico, fue la promulgación de la Ley Fundamental el 7 de febrero de 1959, base constitucional de los nuevos desafíos.
No se podía hacer de otra manera, o deteníamos el proceso revolucionario para dedicarnos a hacer una nueva Constitución o hacíamos lo que, en definitiva, se decidió.
En materia de la configuración institucional, el cambio de mayor trascendencia fue definir al Consejo de Ministros como máximo órgano legislativo, ejecutivo y con facultad constituyente. Era una necesidad imperiosa para poder adoptar las medidas futuras con la celeridad que imponía ese momento histórico.
Bajo su amparo se hicieron realidad aquellos derechos reconocidos en el texto del 40 y, al propio tiempo, surgieron otros más profundos que alcanzarían a los más humildes.
En el primero de los casos fue cumplir lo que estaba establecido, pero al final, como leyes complementarias aboliendo el latifundio. Y esas leyes complementarias, pasaron los años y nadie se ocupó de que se cumplieran, hasta que llegaron la Revolución y Fidel y a los pocos meses del triunfo, el 17 de mayo de 1959, se acordó, en el corazón de la propia Sierra Maestra, la Reforma Agraria de la Revolución Cubana.
La Revolución fue fuente de derecho, fue ella quien les dio la tierra a los campesinos, la que garantizó el acceso gratuito y universal a la educación, la que puso la salud pública al servicio de los ciudadanos, la que garantizó la igualdad de los cubanos, la que nacionalizó con el respaldo popular las grandes propiedades en manos de compañías extranjeras que explotaban a nuestros compatriotas.
En el Informe Central al Primer Congreso del Partido, el compañero Fidel señaló: “Hoy necesitamos una constitución socialista, en correspondencia con las características de nuestra sociedad, con la conciencia social, las convicciones ideológicas y las aspiraciones de nuestro pueblo. Una constitución que refleje las leyes generales de la sociedad que construimos, las profundas transformaciones económicas, sociales y políticas operadas por la Revolución y los logros históricos conquistados por nuestro pueblo. Una constitución, en fin, que consolide lo que somos hoy y que ayude a alcanzar lo que queremos ser mañana”.
El período de provisionalidad se mantuvo hasta la proclamación de la Constitución de la República el 24 de febrero de 1976, resultado también de una amplia consulta popular y un referendo.
La Constitución de 1976 reafirmó el carácter socialista de la Revolución, proclamado por Fidel el 16 abril de 1961, instituyó aquellos derechos conquistados por el pueblo, fruto del proceso revolucionario, e instauró un sistema de gobierno sustentado en los órganos del Poder Popular.
Los acuerdos derivados del Cuarto Congreso del Partido, en 1991, unidos a las experiencias del proceso de rectificación de errores y tendencias negativas, la caída del campo socialista y la necesidad de perfeccionarnos en las circunstancias imperantes en nuestra sociedad y otras nuevas que se gestaban con la llegada del Período Especial, conllevaron una reforma parcial de la Constitución de la República en 1992.
En lo fundamental, se introdujeron modificaciones en el sistema económico, la organización y funcionamiento de los órganos del Poder Popular, se instauró la elección directa por el pueblo de los diputados a la Asamblea Nacional y los delegados a las Asambleas Provinciales del Poder Popular y fue ampliada la libertad religiosa.
Trascendente resultó también la Reforma Constitucional del año 2002, cuando Estados Unidos incrementaba sus amenazas contra la Revolución. A instancia de las organizaciones de masas y el respaldo mayoritario del pueblo, se consignó en la Constitución el carácter irrevocable de nuestro socialismo y del sistema político y social revolucionario. A ello se unió el pronunciamiento de que jamás podrían negociarse las relaciones económicas, diplomáticas y políticas con cualquier otro Estado, bajo agresión, amenaza o coerción de una potencia extranjera.
Los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, aprobados en el Sexto Congreso del Partido, en abril de 2011, y los acuerdos emanados de su Primera Conferencia Nacional, en enero de 2012, pusieron de manifiesto la necesidad de introducir modificaciones en el orden constitucional.
En consecuencia, en el año 2013, el Buró Político aprobó la creación de un Grupo de Trabajo con ese propósito.
El Séptimo Congreso, en abril de 2016, ratificó los acuerdos del Sexto Congreso y avanzó en la elaboración de documentos programáticos acerca del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista, cuya materialización, igualmente, tendría un reflejo en el ámbito constitucional.
Durante los estudios que llevábamos a cabo, arribamos a la conclusión de que más que una reforma, se requería de una nueva constitución que no se limitara a actualizar el orden económico y social, sino que profundizara en los principios de la estructura del Estado, la ampliación de los derechos y garantías de los ciudadanos y otros aspectos relevantes; pensando no solo en el hoy, sino, sobre todo, en el futuro de la nación.
El 2 de junio de 2018 este Parlamento aprobó iniciar el proceso de Reforma Constitucional y con ese fin creó una Comisión de 33 diputados para la elaboración del Anteproyecto de la nueva Carta Magna. Considero oportuno hacer constar en esta sesión solemne el meritorio trabajo desplegado por los integrantes de esta comisión y sus cuatro asesores, no solo en la elaboración del texto inicial, sino a lo largo de todo el proceso.
La primera versión del proyecto de la nueva Constitución fue presentada al análisis por esta Asamblea los días 21 y 22 de julio de 2018, y luego de un amplio debate, se aprobó un nuevo texto y se dispuso someterlo a consulta popular.
Como ya fue informado, cerca de 9 millones de personas participaron en las más de 133 000 reuniones. Podemos afirmar que no se trató de una mera asistencia, sino que consciente, responsablemente y con absoluta libertad todos pudieron exponer sus criterios, lo que también contribuyó a elevar la cultura jurídica de los ciudadanos. Hubo más de 1 700 000 intervenciones de las que se derivaron unas 783 000 propuestas.
El pueblo con su participación se convirtió en el verdadero constituyente. Bastaría reiterar que, como resultado del aporte popular, el proyecto tuvo variaciones en casi el 60 % de su articulado.
Encomiable fue la labor realizada por los encargados de la captación y procesamiento de las opiniones de la población. Con su trabajo en tiempo récord contribuyeron decisivamente a los éxitos de este proceso profundamente democrático.
En diciembre pasado la Asamblea Nacional aprobó la nueva Constitución de la República, y de conformidad con el mecanismo de reforma establecido, acordó someterla a Referendo, el cual se realizó el pasado 24 de febrero, ocasión en la que nuestro pueblo dio una muestra más de compromiso y apoyo a su Revolución y al Socialismo.
Es significativo que la mayoría de los cubanos que ejercieron el voto pertenecen a las generaciones nacidas con posterioridad al triunfo revolucionario, lo que refleja la fortaleza y continuidad de nuestros principios.
Los resultados del Referendo son una prueba inequívoca de esta afirmación. Como ya también se informó, el 90 % de los ciudadanos con derecho electoral concurrieron a las urnas, y de estos, el 86,85 % votaron a favor, cifra que a la vez representa el 78,3 % del total de compatriotas con derecho al voto, con la cual quedó refrendada la nueva Constitución de la República.
Relevante resulta también el 95,85 % de las boletas válidas, y que solo el 9 % votó en contra. Con relación a este último dato, valoramos que en no todos los casos ello significa un rechazo al contenido general de la nueva Constitución, sino que obedeció a criterios contrarios sobre temas específicos.
Cuba demostró, una vez más, que desde mecanismos democráticos y basados en el derecho a la libre determinación es posible afianzar su sistema socialista como una alternativa viable en momentos de una escalada en la agresividad del imperialismo que intenta desacreditar opciones progresistas de desarrollo social.
La Constitución que hoy proclamamos garantiza la continuidad de la Revolución y la irrevocabilidad de nuestro socialismo. Sintetiza las aspiraciones de todos los que a lo largo de más de 150 años han luchado por una Cuba libre, independiente, soberana y de justicia social.
Esta ley de leyes es hija de su tiempo. Refleja las circunstancias históricas de la construcción de nuestra sociedad y tutela jurídicamente los cambios acaecidos con visión de futuro, en el propósito supremo de alcanzar un socialismo cada vez más próspero, sostenible, inclusivo y participativo.
Con este nuevo texto se institucionaliza y fortalece el Estado revolucionario, del que se demanda una actuación transparente y ajustada a la ley. Si algo en particular lo distingue, es el respeto a la dignidad plena de la mujer y el hombre, y la igualdad de los cubanos, sin ningún tipo de discriminación, y esos son, precisamente, los pilares en los que se cimienta esta sociedad.
El texto constitucional ha sido fruto del trabajo mancomunado de quienes tuvimos el privilegio de acompañar a Fidel en la lucha revolucionaria y los “pinos nuevos”, quienes paulatinamente vienen asumiendo las principales responsabilidades de la nación. Esta Constitución deviene en un legado para las nuevas generaciones de cubanos.
No basta con proclamarla, es necesario hacer efectivos sus preceptos. En ese empeño corresponderá a esta Asamblea una intensa actividad legislativa para cumplir las normas previstas en las Disposiciones Transitorias de la Constitución, tarea ya encomendada a varios grupos de trabajo.
En el día de hoy, una vez concluido este acto de proclamación, será publicado en la Gaceta Oficial de la República el texto íntegro de la Constitución, a partir de lo cual entrará en vigor.
Entre las tareas inmediatas que por mandato constitucional debemos acometer está la aprobación de una nueva Ley Electoral, en cuyo proyecto se trabaja, con el propósito de presentarla a la aprobación de esta Asamblea en su próxima sesión ordinaria.
Una vez en vigor la Ley Electoral, ha de elegirse por el Parlamento el Consejo Electoral Nacional y, de conformidad con la Segunda Disposición Transitoria de la Constitución, antes de los tres meses siguientes, la propia Asamblea elegirá a su Presidente, Vicepresidente y Secretario, a los demás miembros del Consejo de Estado, y al Presidente y Vicepresidente de la República.
Igualmente, ya elegido, el Presidente de la República, antes de los tres meses, presentará a la aprobación de la Asamblea Nacional el nuevo Gobierno, es decir, este Parlamento designará al Primer Ministro, a los Viceprimeros Ministros, al Secretario y demás miembros del Consejo de Ministros.
Trabajaremos para que todas estas acciones se materialicen antes de concluir el presente año.
A su vez, a inicios del 2020, correspondería la elección de los gobernadores y vicegobernadores provinciales, y la designación por las asambleas municipales de los intendentes.
Como era de esperar, los enemigos históricos de la Revolución han pretendido cuestionar la legitimidad de este amplio ejercicio constitucional. No obstante, todas las infamias se desvanecen frente al hecho irrefutable del apoyo masivo de nuestro noble pueblo.
Hemos venido alertando sobre la conducta agresiva que el Gobierno estadounidense ha desatado contra la región de América Latina y el Caribe. Lo hace en nombre de la Doctrina Monroe, con un arrogante desprecio macartista hacia el socialismo, la libre determinación de los pueblos y los derechos soberanos de los países de la región.
El 26 de julio de 2018, al conmemorar el aniversario 65 del Moncada, y el primero de enero del presente año al celebrar el aniversario 60 del triunfo de la Revolución, advertí sobre el escenario adverso que se había conformado y el resurgir de la euforia y el apuro de nuestros enemigos por destruir el ejemplo de Cuba. En ambas ocasiones señalé la convicción de que se estrechaba el cerco del imperio en torno a Venezuela, Nicaragua y Cuba. Los hechos han confirmado aquella apreciación.
La región que Martí llamó Nuestra América había logrado en tiempos muy recientes afianzar la independencia regional, en un clima de paz, cooperación y armonía entre sus Estados miembros.
Con el precepto de alcanzar la unidad dentro de la diversidad, se avanzó sostenidamente hacia la integración, la complementariedad y el concierto entre todos para solucionar los problemas económicos y sociales de nuestros pueblos.
Se declaró a América Latina y el Caribe como Zona de Paz y se progresó también en el propósito de alcanzar una relación más respetuosa con los vecinos del norte.
El escenario hoy es otro. El actual Gobierno de los Estados Unidos y su ambición hegemónica hacia la región, plantean la amenaza más perentoria de las últimas cinco décadas a la paz, la seguridad y el bienestar de Latinoamérica y el Caribe.
En pos de los objetivos de dominación se orquestaron a lo largo de varios años golpes de Estado, en un caso militar y en otros de corte parlamentario, para despojar del poder a presidentes progresistas y, en evitación del ascenso de líderes de izquierda, se impidió su participación en las elecciones mediante campañas mediáticas y oscuras causas judiciales. Precisamente, el pasado domingo se cumplió un año del injusto encarcelamiento del compañero Inácio Lula da Silva, cuya libertad demandamos.
Desafortunadamente, hay gobiernos y fuerzas políticas que de modo irresponsable acompañan al imperialismo en esta belicosa escalada.
El asedio incesante contra la hermana República Bolivariana de Venezuela, con el uso de métodos de la guerra no convencional y la asfixia económica, es el principal foco de agresión, sin embargo, la amenaza nos concierne a todos.
El Gobierno venezolano y el pueblo chavista están escribiendo páginas admirables de resistencia. En suelo bolivariano se define hoy si es verdad que las naciones latinoamericanas y caribeñas tienen derecho a la libre determinación, si el poder soberano descansa en el pueblo o en un gobierno extranjero, si resulta aceptable que un país poderoso determine quiénes son los gobernantes de un estado independiente, si las normas y principios por los que se rige la Organización de las Naciones Unidas tienen valor real o son letra muerta, si los pueblos de la región permanecerán pasivos ante el arrebato del poder soberano en una nación hermana o responderán en repudio al crimen.
Ratificamos desde este Parlamento la firme solidaridad y apoyo a la Revolución bolivariana y chavista, al presidente Nicolás Maduro Moros y a la unión cívico-militar de su pueblo.
A los más de 20 000 colaboradores cubanos, el 61 % de ellos mujeres, que se encuentran cumpliendo misión en Venezuela les trasmito nuestro profundo reconocimiento por su compromiso y consagración en la noble y profundamente humanitaria tarea que realizan al servicio de las familias de esa hermana nación.
El tono del Gobierno de los Estados Unidos contra Cuba es cada vez más amenazador, al tiempo que se dan pasos progresivos para deteriorar las relaciones bilaterales.
Se culpa a Cuba de todos los males, usando la mentira en el peor estilo de la propaganda hitleriana. Jamás abandonaremos el deber de actuar en solidaridad con Venezuela. No renunciaremos a ninguno de nuestros principios y rechazaremos enérgicamente toda forma de chantaje.
El incremento de la guerra económica, con el fortalecimiento del bloqueo y la continua aplicación de la Ley Helms-Burton, persiguen el viejo anhelo de derrocar a la Revolución Cubana por medio de la asfixia económica y la penuria. Esta aspiración ya fracasó en el pasado y volverá a fracasar.
Hemos hecho saber a la administración norteamericana, con la mayor claridad, firmeza y serenidad, por canales diplomáticos directos y de manera pública, que Cuba no teme a las amenazas y que nuestra vocación de paz y entendimiento está acompañada de la inconmovible determinación de defender el derecho soberano de los cubanos a decidir el futuro de la nación, sin interferencia extranjera.
El socialismo, sistema que denigra el Gobierno de los Estados Unidos, lo defendemos porque creemos en la justicia social, en el desarrollo equilibrado y sostenible, con una justa distribución de la riqueza y las garantías de servicios de calidad para toda la población; practicamos la solidaridad y rechazamos el egoísmo, compartimos no lo que nos sobra, sino incluso lo que nos falta; repudiamos todas las formas de discriminación social y combatimos el crimen organizado, el narcotráfico, el terrorismo, la trata de personas y todas las formas de esclavitud; defendemos los derechos humanos de todos los ciudadanos, no de segmentos exclusivos y privilegiados; creemos en la democracia del pueblo y no en el poder político y antidemocrático del capital; buscamos promover la prosperidad de la patria, en armonía con la naturaleza y cuidando las fuentes de las que depende la vida en el planeta; y porque estamos convencidos de que un mundo mejor es posible.
Esperamos que la comunidad internacional responda con conciencia y sentido del deber ante tan peligrosa experiencia, y que no haya que lamentar cuando sea demasiado tarde.
Frente al turbulento escenario que se ha conformado, hemos definido como prioridades insoslayables la preparación del país para la defensa y el desarrollo de la economía nacional. Ambas direcciones con igual importancia.
Como ha podido apreciar nuestra población, desde hace meses se acomete un conjunto de medidas en interés de reforzar la capacidad y disposición combativas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y todo el sistema defensivo del país bajo la concepción estratégica de la Guerra de Todo el Pueblo, como refrenda la Constitución de la República que acabamos de proclamar.
Al propio tiempo, se ha adoptado un grupo de decisiones para encauzar el desempeño de nuestra economía y resistir y vencer los nuevos obstáculos que nos impone el recrudecimiento del cerco económico y financiero, sin renunciar a los programas de desarrollo que están en marcha.
Para ello es necesario que estemos alertas y conscientes de que enfrentamos dificultades adicionales y que la situación pudiera agravarse en los próximos meses. No se trata de regresar a la fase aguda del Período Especial de la década de los años 90 del siglo pasado; hoy es otro el panorama en cuanto a la diversificación de la economía, pero tenemos que prepararnos siempre para la peor variante.
Es preciso redoblar los esfuerzos por incrementar las producciones nacionales, en particular la de alimentos, revisar todos los gastos para suprimir los no imprescindibles, elevar la eficiencia en el uso de los portadores energéticos, especialmente los combustibles, lo que incluye acabar con el robo existente y asumir el ahorro como una firme línea de conducta de los dirigentes desde la nación hasta la base y los compatriotas en general.
En 60 años frente a las agresiones y amenazas los cubanos hemos demostrado la férrea voluntad para resistir y vencer las más difíciles circunstancias. A pesar de su inmenso poder, el imperialismo no posee la capacidad de quebrar la dignidad de un pueblo unido, orgulloso de su historia y de la libertad conquistada a fuerza de tanto sacrificio. Ya Cuba ha demostrado que sí se pudo, sí se puede y siempre se podrá resistir, luchar y alcanzar la victoria. No existe otra alternativa.
Eso es todo por ahora,
Muchas gracias.
(Fuente: Cubadebate)
