Por: Osvaldo Cardosa*
 

Brasil registra muchos «dueños de todo», que se hallan por encima del bien y el mal, y colocan a la nación en esta situación vergonzosa.

Brasilia (Prensa Latina) Las cadenas de la esclavitud todavía atan las manos de miles de personas en Brasil, mientras sus eslabones retuercen la percepción de viles empleadores que avasallan a hombres marcados por la experiencia de vivir con miedo.

El flagelo ocupa portadas después que salió a la luz, a finales de febrero, el caso de 207 trabajadores rescatados en situación análoga a la servidumbre en una cosecha de uva en el municipio de Bento Gonçalves, estado de Río Grande do Sul, contiguo con Argentina y Uruguay.

«Brasil es un país desigual. Eso no es novedad, desafortunadamente. Forjado con violencia por los europeos, luego del llamado descubrimiento, los portugueses intentaron, sin éxito, explotar y esclavizar a los pueblos tradicionales que vivían en esta gigante nación», afirmó a Prensa Latina la jurista Carmen Diniz.

Detalló que los indígenas no conseguían ni siquiera entender el porqué de tener que trabajar incesantemente, si la vida no exigía acumulación.

Siendo así, prosiguió, «la demanda mundial y los modos de producción se dirigen al continente africano y, de allí, traen sus piezas (así son llamadas las personas esclavizadas y arrancadas libres de África a las Américas). De esa forma, Brasil pasa a ser el mayor almacén de personas esclavizadas en aquel período», recalcó.

Para la máster en Derecho Penal y Criminología, la cultura del país hizo y hace que los dueños de las tierras y de los modos de producción exploten la plusvalía de los trabajadores y «no tengan el menor pudor en siquiera pagarles (en pleno siglo XXI) o quitarles sus más básicos derechos».

Según relatos, los trabajadores en la cosecha de uva resultan cooptados por reclutadores de mano de obra, conocidos como gatos, en Bahía, capital del norteño estado de Salvador, y traídos para laborar en Bento Gonçalves.

Uno de los rescatados contó que «no recibían salario, hacían préstamos con altas tasas de intereses y tenían la libertad, y la locomoción restringida, además de sufrir agresiones físicas».

Diferente a lo que se podría esperar, el caso que implica a grandes empresas como Aurora, Garibaldi y Salton, no causó un rechazo unánime.

Ante los periódicos y espeluznantes actos, el auditor Mauricio Krepsky insistió en la necesidad de aumentar personal en la Fiscalización para Erradicación del Trabajo Esclavo, división que encabeza.

«No podemos luchar contra el trabajo esclavo sentado en una oficina con aire acondicionado. Es necesario que tengamos fiscales en campo para poder verificar las situaciones», alertó Krepsky.

El auditor fiscal detalló además que el perfil de las personas rescatadas en esas condiciones permanece casi la misma cada año: aproximadamente el 90 por ciento son hombres, negros y de baja escolaridad.

Recordó que, a finales de 2020, surgió un caso muy emblemático de trabajo doméstico análogo al de los esclavos en Brasil.

El rescate de Magdalena Gordiano, en el estado de Minas Gerais (sudeste), obligada a laborar en la casa de una familia desde los ocho hasta los 46 años de edad. En 2021 se salvaron a 31 trabajadoras sometidas a condiciones muy parecidas.

Unos 250 empleadores resultan capturados cada año con imposición de trabajo esclavo, lo que representa prácticamente uno cada día hábil.

A pesar de lo previsto por la Enmienda Constitucional 81, la expropiación de tierras de empresarios esclavistas nunca ocurrió, por depender de una ley reguladora de ese proceso, jamás aprobada en el Congreso.

Tales casos ocurren principalmente en la zona rural de los municipios, asociados a la extracción mineral y en su mayoría a la actividad agropecuaria.

CASI MIL PERSONAS RESCATADAS

En días recientes, el fiscal general del Trabajo, José de Lima Pereira, informó del rescate de enero al 20 de marzo de 918 personas en condiciones degradantes laborales, cifra récord para un primer trimestre en los últimos 15 años.

La mayor parte de los casos ocurrió en Rio Grande do Sul y Goiás, pero De Lima Pereira afirma que el problema es generalizado.

«El trabajo esclavo contemporáneo existe en todo el territorio nacional. No hay una exclusividad de región, de estado o de segmento económico», indicó.

Desde 1995, cuando se crearon los grupos especiales de fiscalización móvil, hasta 2022, más de 60 mil personas fueron rescatadas en trabajo análogo a la esclavitud.

Someter a alguien a esa despreciable faena es considerado crimen en Brasil. El castigo es de dos a ocho años de reclusión y multa, con agravantes previstos en el artículo 149 del Código Penal.

De acuerdo con expertos, el trabajo esclavo causa daños irreparables a los que son víctimas de esa transgresión, pues cumplen jornadas exhaustivas que implican generalmente mucho esfuerzo físico y la ausencia de descansos periódicos.

Muchas de las víctimas sufren y su vida transcurre en alojamientos con condiciones precarias, incluso insalubres, las cuales conducen al desarrollo de traumas físicos, lesiones y enfermedades graves al organismo.

Se suma a esto la pérdida de la libertad individual y la sumisión a situaciones despreciables que acarrean la total alienación del trabajador de la vida exterior, de su familia e incluso de su propia identidad que causan serios problemas de salud mental.

Diniz denunció a Prensa Latina que Brasil registra muchos «dueños de todo», que se hallan por encima del bien y el mal, y colocan a la nación en esta situación vergonzosa.

Se preguntó: «¿Por qué necesita todavía existir un tipo penal de esa naturaleza? No se sabe de otro país que necesite esta norma».

La respuesta no es tan difícil: «todavía vivimos en la Casa Grande y Senzala (centro de la vida social y económica del ingenio, y la morada de los esclavos) del siglo XVI. Capitalismo salvaje es el nombre de esta indecencia que cada vez nos hace menos humanos», subrayó.

*Corresponsal jefe de Prensa Latina en Brasil