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Por: Guillermo Alvarado

Llamado por algunos “la cintura de América”, el istmo centroamericano arribó a los días finales de 2020 bajo la pesada carga de una pandemia que desarticuló las pequeñas economías locales, incrementó la pobreza y elevó el nivel de protesta social en varios países de esa zona.

Fue en marzo que comenzaron a registrarse los primeros casos de covid-19 y la respuesta de los gobiernos fue en la mayoría de los casos desacertada, caótica e incapaz de detener el curso de la enfermedad.

Las medidas de restricción no impidieron las airadas protestas de poblaciones que se sintieron abandonadas por sus autoridades.

Así ocurrió en Costa Rica, donde el ambiente venía calentándose desde enero debido a un proyecto de ley de regulación de huelgas, que fue aprobado por el congreso y el presidente Carlos Alvarado.

La tensión detonó cuando en junio se conocieron las intenciones del ejecutivo de contratar un préstamo con el Fondo Monetario Internacional, que exigió a cambio la reducción del gasto social y el aumento de impuestos a la población.

Estudiantes, transportistas, sindicatos y movimientos políticos mantuvieron en jaque al ejecutivo que aceptó por fin un diálogo nacional, pero excluyó a los sectores más progresistas.  

Situación similar vivió Guatemala, donde un Congreso desprestigiado y el presidente Alejandro Giammattei, mantuvieron encendidas las protestas a lo largo del año.

Lo más grave ocurrió en noviembre, cuando se aprobó el presupuesto para 2021 con recortes a los gastos en educación, salud y seguridad social, pero con aumentos notables para obras de infraestructura que son una frecuente fuente de malversaciones y suelen terminar con muy mala calidad.

Al gobierno se le responsabiliza por la expansión del nuevo coronavirus, que causó en el año más de 135 mil casos y la muerte de unas 4 mil 800 personas.

Igual que Honduras, Nicaragua y El Salvador, Guatemala sufrió el devastador paso de los huracanes Iota y Eta, con cientos de miles de damnificados, muchos de los cuales todavía no han recibido apoyo.

En Honduras la violencia contra defensores de los pueblos indígenas y del medio ambiente mantuvo su curso durante 2020.

Uno de los casos más recientes ocurrió el 27 de diciembre cuando desconocidos asesinaron al líder indígena Félix Vásquez, quien defendía importantes recursos naturales, entre ellos la cuenca hidrográfica El Jilguero.

Se mantuvieron airadas protestas contra el presidente Juan Orlando Hernández, a quien acusan de mal manejo de los fondos destinados a combatir la pandemia. Honduras es un país violento y registró en 2020 un promedio de entre 9 y 10 asesinatos diarios.

El Salvador vivió un año marcado por tensiones entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, cuyo punto de partida fue la ocupación de la Asamblea Nacional en enero por el presidente Nayib Bukele, acompañado por militares fuertemente armados.

No se registró este año ningún avance dentro del país en la investigación y castigo a crímenes cometidos durante la guerra civil, como la masacre de El Mozote, cuyos expedientes el ejército se negó a entregar, o el asesinato de seis sacerdotes y dos mujeres en la Universidad Centroamericana.

A Bukele se le acusa de manejar mal la crisis por la pandemia y hay sospechas de que negoció con las maras, las pandillas juveniles, para dar una falsa imagen de tranquilidad en el país a cambio de algunas concesiones.

Pese al hostigamiento y agresiones de Estados Unidos contra Nicaragua, ese país exhibe los mejores resultados en Centroamérica en la lucha contra la covid-19, con cerca de seis mil casos y 164 fallecidos, lo que habla de un buen trabajo del gobierno encabezado por Daniel Ortega.

El país salió bien librado del azote de los huracanes de noviembre, gracias a los programas de prevención de desastres que se mantienen activos.

En 2020 endurecieron las condiciones de la llamada Nica Act, que busca impedir la inversión extranjera en el país y se incluyó en la “lista negra” de Washington a varios funcionarios nicaragüenses.

Panamá llegó a los últimos días del año con toque de queda y serias restricciones debido a una nueva ola de covid-19, que dejó en ese país 234 mil enfermos y 3 mil 892 fallecidos. Las provincias de Panamá y Panamá Oeste estarán en cuarentena hasta el 14 de enero de 2021.

La crisis sanitaria confirmó al país canalero como uno de los más desiguales del mundo, situación que se agravó con serias denuncias por corrupción que causaron el despido o renuncia de numerosos funcionarios del ejecutivo que encabeza el presidente Laurentino Cortizo.