La Habana, 1 ago (RHC) Al cierre del primer semestre del año, un total de 567 982 personas ejercían el trabajo por cuenta propia en Cuba, lo cual representa el 12 % del total de los ocupados en el país. Datos ofrecidos por directivos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social muestran que el 32 % de los incorporados son jóvenes; el 33 % féminas; el 16 % labora a su vez como asalariado en algún centro estatal; y el 11 % pertenece al sector de los jubilados.

Más allá de la significación de estos números, resulta incuestionable la validez de dicha forma de gestión como opción de empleo. No solo ha facilitado el proceso de reordenamiento laboral, también ha logrado incrementar la oferta de bienes y servicios con niveles de calidad aceptables, así como aligerar gradualmente la carga del Estado para permitirle concentrarse en actividades trascendentales para el desarrollo económico cubano, apunta este martes el periódico Granma.

De tal manera ha sucedido desde que en octubre del 2010 comenzaron a aplicarse medidas destinadas a flexibilizar y ampliar el ejercicio del trabajo por cuenta propia en el país. A partir de entonces se eliminaron prohibiciones para el otorgamiento de nuevas autorizaciones y la comercialización de producciones y servicios; y se aprobó la protección al sector a través de un régimen especial de seguridad social; al tiempo que se incrementaron las actividades y el control de su ejercicio.

A la par de los beneficios reportados en el transcurso de los últimos siete años, también se han presentado desviaciones en la implementación de la política aprobada que han hecho necesario diseñar medidas encaminadas al perfeccionamiento de la actividad de manera general.

Así fue anunciado en la más reciente reunión del Consejo de Ministros, y ratificado por el presidente, General de Ejército Raúl Castro Ruz en su discurso de clausura del IX Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Tras la búsqueda de una mayor información al respecto, Granma dialogó con funcionarios de los ministerios de Trabajo y Seguridad Social, de Finanzas y Precios, y del Transporte.

Ante la interrogante de ¿por qué se inician estas modificaciones?, Marta Elena Feitó Cabrera, viceministra primera de Trabajo y Seguridad Social, aseguró que ello forma parte de un proceso sistemático de revisión y perfeccionamiento, encaminado a corregir deficiencias, de manera que ninguna acción quede al margen de la legalidad.

«La más reciente evaluación al desempeño de este sector permitió comprobar, entre otros elementos, que se utilizan materias primas, materiales y equipos de procedencia ilícita; persiste el incumplimiento de obligaciones tributarias y se subdeclaran ingresos; falta de enfrentamiento y solución oportuna a los problemas; subsisten imprecisiones e insuficiencias en el control; así como se constatan deficiencias en la contratación económica para la prestación de servicios u oferta de productos entre personas jurídicas y personas naturales», abundó.

Seguidamente puntualizó que las decisiones adoptadas «no constituyen un retroceso en el desarrollo de la actividad; con ellas se pretende consolidar la organización y el control del trabajo por cuenta propia, de manera tal que este continúe avanzando de manera ordenada y eficiente».