Bogotá, 28 jul (RHC) El presidente del Congreso colombiano, Mauricio Lizcano, confirmó que la misión de Naciones Unidas destinada a verificar el cese el fuego bilateral y la dejación de armas estará integrada por unos 500 delegados de 15 países.

 El Gobierno y las FARC-EP pactaron en Cuba las reglas y hoja de ruta para garantizar el fin del largo conflicto entre ambas partes, que incluye silenciar los fusiles e implementar el desarme de esos insurgentes, señala Prensa Latina.

 Tales procesos serán comprobados mediante un mecanismo tripartito compuesto por representantes gubernamentales, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y una misión política coordinada y financiada por la ONU.

 Lizcano conversó este miércoles con el jefe de dicha delegación, Jan Arnault, quien explicó que tales supervisores no armados proceden de diferentes países latinoamericanos y europeos, entre ellos Cuba, precisó Caracol Radio.

 Obviamente es necesario que sepan sobre manejo de armas y por eso serán exmilitares pero también personal civil especializado en estos temas, amplió el experto citado por la emisora nacional.

 Desde 2012 equipos del Ejecutivo y de las FARC-EP dialogan en la capital cubana con el objetivo de hallar una salida concertada a la confrontación, la cual ha dejado unos 300 mil muertos en el transcurso de más de medio siglo.

 En correspondencia con lo consensuado el primer proceso (cese el fuego) entrará en vigor tras la firma del llamado Acuerdo Final, con el que concluirán las conversaciones de paz: en tanto el desarme deberá finalizar 180 días después de esa fecha y ocurrirá de manera escalonada (en tres etapas).

 Tras haber conciliado posiciones, además, en los temas de reforma rural integral, participación política, combate contra el tráfico ilícito de drogas y víctimas, los equipos reunidos en La Habana dilucidan asuntos como el método para escoger a los magistrados del tribunal que aplicará la justicia transicional.

 Asimismo definen los protocolos encaminados a reintegrar a la vida civil a los futuros desmovilizados.