Panamá, 6 ago (RHC) Otro fuerte golpe a la credibilidad del sistema financiero panameño fue la renuncia del economista Joseph Stiglitz y el abogado Mark Pieth al comité asesor creado por el Gobierno, lo que repercute en el mundo.
Una nota de la Secretaría de Comunicación del Estado confirmó la noticia, cuyas causas señaló "como diferencias internas sobre las cuales no va a intervenir", al tiempo que agradeció el trabajo y las recomendaciones y lamentó la decisión.
El Comité Independiente de Expertos creado en abril bajo la dirección de Stiglitz, Premio Nobel de Economía, tiene el objetivo de "evaluar las prácticas del centro de servicios financieros del país" y en julio entregaron un informe preliminar, señaló la fuente.
El documento, que el Gobierno autorizó a publicar, incluye "recomendaciones para la modernización y transparencia de la plataforma financiera del país, muchas de las cuales ya están en marcha y/o en evaluación por el Gobierno de Panamá", según la nota.
No obstante, un comunicado de los renunciantes referidos por medios internacionales de prensa habla de falta de transparencia y que las restricciones para definir de forma independiente el alcance de su trabajo y hablar libremente con la seguridad de que su reporte final sería publicado, eran "equivalentes a la censura".
El escrito refiere "puntos de vista divergentes entre el Gobierno y los inicialmente acordados por el Comité Independiente en relación con la transparencia y el alcance de la labor del comité".
Agrega que las contradicciones terminaron en "divergencias irreconciliables entre sus miembros sobre cómo proceder, tanto al contenido, el alcance y la transparencia del trabajo del comité".
Los demás integrantes del grupo son el costarricense Roberto Artavia y los panameños Gisela Álvarez, Alberto Alemán, Domingo Latorraca y Nicolás Ardito Barletta, quienes hasta el momento no realizaron ningún pronunciamiento al respecto.
Durante el acto de creación del Comité en abril, el mandatario panameño, Juan Carlos Varela, dijo que se instalaba el grupo para "seguir avanzando a favor de la transparencia y el fortalecimiento de nuestra plataforma de servicios logísticos y financieros".
Esta fue una de las acciones para contrarrestar las consecuencias del escándalo mundial denominado Panama Papers, en el cual la nación istmeña recibió acusaciones de paraíso fiscal, calificativo que el Gobierno rechaza.
