Washington, 28 sep (RHC) El Senado de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que permitirá financiar al gobierno hasta el venidero nueve de diciembre para evitar un paro en sus funciones.
La votación, 72 a favor y 26 en contra, permitió decretar una resolución de continuidad, aunque la Oficina de Administración y Presupuesto afirmó en un comunicado estar decepcionada por NO incluirse una disposición, la cual permitiría al Export-Import Bank realizar transacciones superiores a los 10 millones de dólares.
El proyecto de ley sancionado por la Cámara alta estadounidense incluye fondos para enfrentar el virus del zika, combatir la crisis de sobredosis de opioides y proporcionar fondos de emergencia con el fin de enfrentar inundaciones en varios estados norteamericanos.
La Casa Blanca calificó de vergonzosa la acción del Senado de Estados Unidos, después que votó abrumadoramente a favor de eliminar el veto presidencial impuesto a la ley contra los Promotores del Terrorismo (Jasta).
"Me atrevería a decir que esta es la cosa más vergonzosa que el Senado de los Estados Unidos ha hecho, posiblemente, desde 1983", afirmó el portavoz de la mansión presidencial, Josh Earnest.
La Cámara alta votó este miércoles 97 contra 1, para anular el veto de Barack Obama, mientras que en la Cámara de Representantes tampoco prosperó la decisión presidencial con una votación 348 a 77.
El Presidente expresó sus preocupaciones acerca de las graves consecuencias que puede traer la aplicación de esta ley para la seguridad nacional.
Según el mandatario, la puesta en práctica de la ley Jasta debilitaría el concepto de inmunidad soberana, poniendo a los diplomáticos estadounidenses, miembros del servicio militar y los activos del gobierno extranjero en riesgo de acciones legales, si en otros países se decide aprobar leyes recíprocas.
Esta ley permitiría a los ciudadanos estadounidenses afectados por los actos terroristas ocurridos el 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, Pennsylvania y Washington, podrán demandar a países que supuestamente están involucrados en estos hechos.
Los representantes legales de las familias afectadas por los atentados del 9/11 insisten en acusar a Arabia Saudita de tener complicidad con los ejecutores del crimen que costó más de tres mil víctimas, ya que 15 de los 19 secuestradores provenían de ese país árabe.
