La Habana, 6 nov (RHC) El ministro boliviano de Gobierno, Carlos Romero, informó este domingo que la Cancillería presentará un reclamo a la Organización de Estados Americanos (OEA) por injerencia en los asuntos internos del país.
Al respecto, Romero calificó de inaceptable la participación del representante para Bolivia de la OEA, Eduardo Enrique Reina, en la audiencia de medidas cautelares del opositor Samuel Doria Medina.
Manifestó el ministro al comparecer ante el canal estatal Bolivia TV que la Cancillería efectuará en apego a los instrumentos internacionales un reclamo diplomático por la injerencia en los asuntos internos de la OEA, a fin de que sea procesado de acuerdo con la misma normativa que regula esa organización.
Lo que hizo el señor (Luis) Almagro y su delegado es vulnerar y pisotear la carta de la OEA y la Convención de Viena porque cada Estado define sus mecanismos jurisdiccionales, y la administración de justicia es inherente a la soberanía del Estado Plurinacional, expresó Romero.
Recordó que la OEA es un instrumento que debe fomentar la integración y colaboración de los Estados miembros, 'no es un organismo de intervención en los asuntos internos y deben saber que Bolivia protagoniza una revolución democrática y se ha liberado del imperio', afirmó.
Según el titular, la intervención en el funcionamiento del organismo judicial del país constituye una violación de la soberanía nacional y una injerencia inaceptable, que rechaza nuestra Cancillería.
La semana pasada se instaló la audiencia de medidas cautelares del líder de la opositora Unidad Nacional (UN), Doria Medina, por el caso denominado Focas (Formación de Capital en Áreas Secundarias) cuando era ministro de Planeamiento, en 1992.
Se basa la acusación por actos de administración pública referidos al presunto desvió de un crédito de Estados Unidos por 21 millones de dólares destinado al proyecto Focas, hacia la entidad privada Funda-Pro, sin la aprobación del entonces Congreso Nacional.
No es casual, comentó Romero, que Estados Unidos y sus instrumentos protejan a los principales líderes neoliberales con cuentas pendientes con la justicia boliviana por uso indebido de la gestión pública, corrupción y hasta por genocidio, como ocurre con el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada. (PL)
