México, 10 nov (RHC) Cientos de campesinos provenientes de diversos estados del país mantienen una protesta, impidiendo el paso a la sede del Partido Revolucionario Institucional (PRI), del presidente Enrique Peña Nieto.
Las torres que conforman el cuartel general del PRI se encuentran cercadas por integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), quienes exigen al partido de gobierno y a sus legisladores mayor presupuesto para el agro mexicano.
Cientos de personas, decenas de carpas y autobuses impiden el paso a la sede del Comité Ejecutivo Nacional del PRI.
La manifestación se une a otras convocadas por diversas organizaciones campesinas en esta capital y otros puntos del país contra el recorte presupuestal propuesto por el gobierno.
Tales protestas tienen lugar cuando en el Congreso comienza el análisis para su aprobación del plan de presupuesto 2017 presentado por las autoridades federales, que contempla reducciones en el gasto.
Varios miles de personas marcharon en en contra de los recortes anunciados al presupuesto federal de 2017 y por la entrega de fondos a los municipios del país.
Convocados por el Movimiento Antorchista, los manifestantes desfilaron de manera pacífica por el Paseo de la Reforma en dirección a la Secretaría de Gobernación.
Entre los participantes destacaban contingentes venidos del estado de Veracruz, donde alcaldes y maestros han protagonizado protestas por la falta de fondos que fueron desviados durante la administración del gobernador Javier Duarte, hoy prófugo de la justicia.
A la altura del entronque entre el Paseo de la Reforma y la Avenida de los Insurgentes, uno de los principales cruces de esta capital, cientos de representantes del Movimiento de los 400 Pueblos protagonizaban otra protesta.
Como es tradicional, lo hacían semidesnudos y portando fotos de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en Guerrero, y de otras víctimas "de la represión política", como dijeron algunos de sus participantes a Prensa Latina.
Esta otra manifestación reiteraba la denuncia ante la Procuraduría General de la República contra el gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Yunez, cuyo eje central de campaña fue la denuncia a su antecesor (Duarte) por corrupto.
Sin embargo, el próximo mandatario veracruzano está acusado por el saqueo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y por violaciones a los derechos humanos contra campesinos, según el Movimiento de los 400 Pueblos.
