Montevideo, 16 nov (RHC) Guillermo Carmona, diputado nacional de Argentina, denunció en Montevideo, la capital de Uruguay, las violaciones sistemáticas a los derechos humanos por el gobierno del presidente Mauricio Macri.
Durante el foro El Futuro de la Integración Regional, afirmó Carmona que su país requiere solidaridad internacional ante las políticas del primer mandatario argentino.
El legislador mencionó cómo se restringe la vida en su nación y ejemplificó con el encarcelamiento ilegal de Milagro Sala, diputada del Parlamento del Mercosur y dirigente del movimiento indígena Tupac Amaru.
Se conoció que tras más de dos horas de debates, el senado argentino dio hoy media sanción a la ley de emergencia social en todo el país, iniciativa impulsada por varias organizaciones.
El Partido Justicialista-Frente para la Victoria, que es mayoría en la Cámara Alta, logró el respaldo de este proyecto con 45 votos a favor y 13 en contra, al que se opone el Gobierno por considerar que su implementación tendrá un alto costo fiscal.
La declaración de la ley es un pedido urgente que vienen reclamando organizaciones como el Movimiento Evita, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa, en medio de la galopante inflación y el alza de precios en servicios básicos por el plan de ajuste económico del Ejecutivo.
Al fundamentar la propuesta, el senador Juan Manuel Abal Medina (PJ-FpV) afirmó que tiene como origen un reclamo social concreto de diversos sectores que luego de la marcha del 7 de agosto -día de San Cayetano- trasladaron el reclamo al Congreso, difundió el portal El Parlamentario.
Abal Medina reiteró a los legisladores presentes en el recinto la necesita urgente de poner en marcha esta ley. "Estamos empezando a dar un paso muy importante para pasar del plan social al fomento del trabajo de la economía popular, a generar empleos genuinos", dijo.
Asimismo agregó que el Estado debe apoyar a la economía popular y que un sector importante de Argentina tiene que ser tenida en cuenta.
"Este Senado, expuso, va a estar a la altura de las circunstancias en este momento difícil que está atravesando nuestro pueblo".
El proyecto busca fomentar la creación de un millón de puestos de trabajo, defiende el programa de Ingreso Social con Trabajo, creado por decreto, y pide instituir el salario social complementario para que los trabajadores de la Economía Popular puedan alcanzar el salario mínimo vital y móvil.
Además contempla el incremento en las asignaciones por hijo y por embarazo, y el otorgamiento de un salario social complementario para cooperativistas.
La ley retornará otra vez a la cámara de Diputados, en la que varios bloques trabajan en un proyecto para financiar los gastos de esta iniciativa a través de impuestos al juego y a la renta financiera.
Varios organizaciones se concentrarán el próximo viernes en las inmediaciones del Congreso para exigir la sanción de la ley bajo la consigna Unidad por la justicia social.
