Washigton, 17 nov (RHC) En Estados Unidos la aplicación de un programa de registro de inmigrantes, dirigido principalmente a los de origen musulmán, está generando polémicas y críticas de grupos defensores de los derechos civiles y expertos en Derecho constitucional.

La propuesta realizada por el presidente electo de la nación norteamericana, Donald Trump y defendida por sus asesores de inmigración se inspira en el programa denominado Sistema de Registro de Entrada y Salida de Seguridad Nacional implementado en los meses posteriores a los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, Washington y Pennsylvania.

Ante la posibilidad de reactivación de un sistema de registro de inmigrantes similar, el Consejo de Relaciones Islámico-Americanas, aseguró que sería simplemente dar marcha atrás por ser una medida discriminatoria e ineficaz.

Especialistas en el tema migratorio reconocen que este paso está políticamente lleno de problemas y es además muy mala idea.

Al respecto, la Unión Americana de Libertades Civiles también comentó que si el magnate neoyorquino intenta implementar sus promesas de campaña inconstitucionales, lo verán en la corte.

Las autoridades de New York se negaron a participar en una fuerza para expulsar indocumentados promovida por el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump.

El demócrata Bill de Blasio, alcalde de la Gran Manzana, se reunió ayer con el futuro mandatario y le advirtió que trabajaría para proteger a los indocumentados de la deportación, porque ataca a lo que hace grande a New York.

De Blassio recordó que la suya es una ciudad de inmigrantes por antonomasia, y ha triunfado precisamente porque se abrió a generaciones de inmigrantes que la construyeron y mantienen.

La víspera del triunfo electoral de Trump, De Blasio advirtió que el archivo de la ciudad borraría el nombre de cientos de miles de inmigrantes para impedir que fueran identificados y deportados.

El alcalde y el magnate neoyorquino han tenido varios encontronazos, aunque otras grandes ciudades también rechazaron los planes de deportación masiva, como Los Angeles, San Francisco, Chicago, Boston, Philadelphia y Washington.

A su vez, el jefe del Departamento de la Policía de Los Angeles, Charlie Beck, advirtió que sus efectivos no levantarían un dedo para ayudar a Trump a expulsar a millones de indocumentados, porque ese no es su trabajo.

Desde 1979 la fuerza policial angelina tiene prohibido detener a nadie solo para preguntarle si había entrado legalmente al país.

El pasado domingo Trump prometió expulsar del país o encarcelar a tres millones de ilegales, a quienes tildó de "pandilleros y narcotraficantes".