Bogotá, 22 nov (RHC) Varios políticos de Colombia, encabezados por la ex senadora Piedad Córdoba, exigieron al gobierno nacional a poner fin a la serie de asesinatos de activistas comunales ocurridos días atrás en ese país.

En la red social Twitter, la reconocida luchadora por los derechos humanos afirmó que el Ejecutivo colombiano debe eliminar a las organizaciones criminales que atentan contra los líderes sociales en la nación sudamericana.

En tanto, el senador por la Alianza Verde, Antonio Navarro, manifestó que el caso amerita una investigación completa de los organismos del Estado, porque las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejercito del Pueblo desmovilizadas quedarán vulnerables a esas acciones criminales.

Al respecto, Navarro consideró que esas condiciones pueden provocar un retroceso en los logros alcanzados por la vía del diálogo de paz entre esa guerrilla insurgente y el Ejecutivo Nacional.

Mientras el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, confirmó que el jueves próximo firmará el reciente pacto de paz con las FARC-EP y llamó otra vez a la unidad a fin de garantizar su rápida implementación.

Implementar este nuevo acuerdo a la mayor brevedad posible es fundamental para cumplir con la obligación que tengo con ustedes colombianos (...) ante esta coyuntura tan excepcional con todo respeto les pido que levantemos la mirada hacia el futuro, subrayó el mandatario en una alocución.

El pasado 12 de noviembre los negociadores gubernamentales y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) terminaron el segundo tratado, derivado el inicial suscrito en Cartagena de Indias en septiembre y rechazado luego en el plebiscito de octubre por la mayoría de los votantes.

Después de un diálogo nacional y con las propuestas de los promotores del voto negativo las partes reajustaron el convenio, el cual incluye modificaciones, ampliaciones o precisiones en 56 de los 57 ejes temáticos revisados.

Mi primera y principal preocupación es por el proceso pacificador, y por el riesgo -que crece cada día- de perder lo alcanzado dada la fragilidad del cese el fuego bilateral, aseguró el ocupante de la Casa de Nariño tras insistir en la necesidad de actuar con celeridad para aplicar el último tratado.

Tal medida en vigor desde finales de agosto es fruto del primer pacto, que no fue validado en las urnas por los ciudadanos.

Se han perdido vidas y hay muchas más en peligro, no podríamos perdonarnos no haber actuado con prontitud para corregir esta situación, añadió el gobernante quien recordó la muerte de dos guerrilleros durante un altercado con efectivos castrenses, así como la oleada de homicidios contra activistas sociales, que considera consecuencia de la incertidumbre surgida a raíz del plebiscito.

Al referirse a la validación, Santos reiteró que será a través del Parlamento.

Después de escuchar todas las proposiciones y alternativas, y de común acuerdo con las FARC-EP, es claro que la vía más conveniente y legítima para refrendar el pacto es mediante el Congreso de la República, donde están representadas todas las visiones y opciones políticas del país, en esa dirección voy a proceder, dijo.

En su declaración el jefe de Estado lamentó la oposición de algunos sectores al documento que será rubricado el jueves en el capitalino Teatro Colón.

Desgraciadamente algunos de los segmentos más radicales del No se siguen oponiendo al acuerdo, pese a importantes cambios y ajustes, lamento de veras esa posición, manifestó Santos.

Después de más de ocho procesos de paz a lo largo de 34 años que no concluyeron, tenemos ante nosotros la oportunidad única de cerrar este capítulo tan doloroso de nuestra historia que ha enlutado y afligido a millones de colombianos, enfatizó.