Ankara, 14 de ene (RHC). El Parlamento de Turquía comenzó el debate de una polémica reforma de la Constitución, que transformará el actual sistema de república parlamentaria en otro presidencialista, el cual otorgará plenos poderes al futuro jefe del Estado.

De aprobarse el proyecto, supondrá el mayor cambio político experimentado en la república turca en los casi 100 años de vigencia, y solo comparable al paso que puso fin al sultanato en 1923.

El proyecto planteado por el gubernamental Partido Justicia y Desarrollo (AKP), islamista conservador, contempla la desaparición de la figura del Primer Ministro, pasando a encabezar el poder Ejecutivo el Presidente de la República, quien nombrará a los ministros y tendrá poderes para legislar.

Por su parte la Asamblea Nacional pierde toda facultad de control sobre el Ejecutivo, que no estará obligado a responder de sus decisiones salvo a preguntas por escrito sobre temas generales del Estado, y ya no tendrá capacidad para emitir una moción de censura.

El presidente será elegido en votación popular y podrá pertenecer a un partido político. A diferencia de lo que ocurre en la actualidad, estará facultado para dictar leyes que únicamente podrán ser revisadas por el Parlamento y designará o destituirá a los altos funcionarios públicos.

De ese modo el nuevo mandatario será además el encargado de nombrar a la mayoría de los miembros de los principales tribunales y órganos judiciales del país, incluidos el Constitucional, el Supremo y el Consejo de Estado, dejando al Parlamento la designación del resto de integrantes de estas instituciones.

El presidente también podrá recurrir a la Corte Constitucional cuando existan leyes, reglamentos o disposiciones legislativas que considere contrarias a la Carta Magna.

No en vano los partidos de la oposición consideran que la propuesta constitucional otorgará todo el poder a una sola persona, que no tendrá ninguna limitación ni por parte del legislativo ni del judicial.

Para la principal formación opositora, el Partido Republicano del Pueblo (CHP), defensores del laicismo a ultranza y del sistema parlamentario, los cambios solo servirán para acabar con la separación de poderes, al atribuir al presidente todas las competencias ejecutivas y parte de las del legislativo, así como el control del poder judicial.

Por su parte, la izquierda prokurda agrupada en el Partido Democrático del Pueblo (HDP), sumó a esas objeciones el hecho de que 12 de sus diputados se encuentren en prisión, incluyendo sus copresidentes Selahattin Demirtas y Figen Yuksekdag, lo que ilegitima los debates parlamentarios y la votación de la propuesta.

Tanto el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, como su partido AKP, argumentan la necesidad de cambiar el sistema parlamentario por una república presidencialista con fuertes poderes en manos del mandatario para poder hacer frente a los graves desafíos, entre ellos la amenaza terrorista que enfrenta Turquía.

El proceso de reformas cuenta con el apoyo del ultraderechista Partido de Acción Nacionalista (MHP), a pesar de que una parte importante de sus cuadros y militantes se mostraron contrarios al respaldo ofrecido desde la dirección.

El trámite parlamentario comenzó el 9 de enero en un ambiente bastante crispado, que degeneró el tercer día de debates en una auténtica batalla campal en la que hubo heridos y graves daños materiales en el hemiciclo.

Al mismo tiempo el Ejecutivo prohibió durante un mes todo tipo de manifestaciones y actos públicos en la capital contrarios a la propuesta gubernamental, como forma para evitar cualquier tipo de protesta contra lo que se va votando en el Parlamento.

La mayoría de los expertos consideran que el proyecto de ley, que se va votando artículo por artículo, obtendrá los necesarios 330 votos (tres quintos de la Cámara), puesto que los dos grupos que la apoyan, AKP y MHP, suman 356 escaños.

Una vez superado el proceso en el legislativo, el gobierno anunció a través del viceprimer ministro Nurettin Canikli la celebración de un referendo para ratificar la nueva Constitución, que podría tener lugar en la primera semana de abril.

La votación de esta crucial reforma tendría lugar además bajo la Ley de Estado de Emergencia que rige en el país, la cual prohíbe o limita los derechos de manifestación, reunión y libre expresión, entre otros, lo que impedirá a los grupos de oposición realizar con libertad una campaña contra la propuesta del gobierno.

Además se da la circunstancia de que los recientes y graves ataques terroristas propagaron el miedo y la preocupación entre los ciudadanos, por lo que de cara a una votación tan crucial no existe un entorno social y político sano, sino altamente polarizado, según afirma Serkan Demirtas, analista del diario Hürriyet.

Una reciente encuesta de opinión mostró el 36 por ciento de personas que decían desconocer por completo el contenido de la reforma y el 28 por ciento reconoció tener muy poca información, mientras solo el 14 por ciento contaba con algún conocimiento.

En tales circunstancias, en criterio de analistas, el resultado de la reforma constitucional no parece que vaya a augurar un futuro de estabilidad ni tranquilidad, que todos dicen desear para Turquía.