Panamá, 22 nov (RHC-PL) Pese a las políticas adoptados por los gobiernos para erradicar el maltrato contra las mujeres, América Latina y el Caribe es la región más violenta, según un estudio de Naciones Unidas.
El texto, presentado este miércoles en la sede del Parlamento Latinoamericano y del Caribe, reconoce los avances en los marcos normativos y que la violencia femenina es un fenómeno social que afecta a las mujeres, sus familias y comunidades, el desarrollo sostenible y la protección de los derechos humanos.
No obstante, las altas tasas siguen siendo un desafío grave, en tanto dos de cada cinco feminicidios son resultado de la violencia doméstica y el 10,7 por ciento de las féminas son víctimas de un ataque sexual fuera de la pareja, según cifras de la Organización Mundial de la Salud.
Ante esta realidad, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y ONU-Mujeres recomiendan invertir más en la protección femenina y abordar este tema al más alto nivel político, con un enfoque integral y una mayor cooperación, como puntos claves para erradicar la violencia contra las féminas y las niñas en América Latina y el Caribe.
El estudio también compila las mejores prácticas para la erradicación de este fenómeno, identifica asuntos críticos y propone acciones claves para superar este flagelo social de proporciones epidémicas en la región.
Sobre el tema, el director del Centro Regional del PNUD para América Latina y el Caribe, Richard Barathe, aseguró que resulta muy importante ver el enfoque de la violencia contra las mujeres como un factor catalizador para el logro de los Objetivos del Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 en su conjunto.
De igual forma, 'es esencial para el logro de la paz, la productividad económica, los derechos, justicia y cohesión social', apuntó.
Por su parte, la directora regional de ONU-Mujeres para América Latina y el Caribe, Luiza Carvalho, dijo que este estudio recoge varios puntos de gran importancia como la necesidad de asignar más recursos, estructurar mejor las respuestas y articular el trabajo entre los diferentes actores.
Además, 'debemos trabajar para mejorar la recopilación y medición de datos que registren la violencia contra mujeres en la región', precisó, en referencia a la falta de estadísticas fidedignas en muchos lugares, que permitan validar el impacto real de este problema.
El informe invita a generar pactos sociales entre los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil para involucrar a todos los actores relevantes; la creación de planes nacionales a nivel local y políticas con un enfoque multidimensional.
Asimismo, llama a fortalecer las acciones de reparación de las víctimas, especialmente aquellas enfocadas en su empoderamiento económico, y trabajar con los hombres, en especial con los jóvenes, para sumarlos como socios en la lucha contra la erradicación de la violencia femenina.
