Madrid, 19 dic (RHC) A instancias del gobierno conservador de Mariano Rajoy, el Tribunal Constitucional (TC) de España revocó una ley de la Comunidad Valenciana que proporcionaba atención sanitaria gratuita a los inmigrantes indocumentados en esa región.
En un controvertido fallo, el alto tribunal anuló por inconstitucional el decreto ley aprobado en 2015 por el ejecutivo de esa comunidad autónoma española, que devolvió a todos los extranjeros en situación irregular el derecho a ser atendidos en el sistema público de salud.
El TC consideró que la medida es contraria a la normativa estatal, que acabó con la universalidad de la sanidad en 2012, pocos meses después de la llegada al poder del derechista Partido Popular (PP).
Como parte de un draconiano plan de austeridad para reducir el déficit fiscal, el ejecutivo de Rajoy acordó ese año una poda de siete mil millones de euros en el ámbito de la salud (un 10 por ciento del gasto sanitario estatal).
Esos recortes repercutieron sobre las finanzas de las 17 regiones de este país europeo, que tienen transferidas las competencias en prestaciones esenciales tan sensibles como la salud y la educación.
Pese al revés judicial, el gobernante valenciano, el socialista Ximo Puig, se comprometió hoy a mantener la universalidad de la salud en su territorio y emplazó al presidente del Gobierno español a acabar con 'el decreto de recortes que enaltece la inhumanidad'.
'Cualquier persona que entre en un centro de salud o en un hospital de la Comunidad Valenciana, tenga el color de piel que tenga o sea de la condición social que sea, va a ser atendida, y en ningún caso se le va a cobrar ninguna factura sanitaria', aseveró.
A juicio del mandatario autonómico, la administración central del PP está utilizando la vía judicial para defender posicionamientos políticos injustificables.
'Dejar fuera de la sanidad pública a más de 21 mil personas que ya se han adherido a ella es simplemente un ejercicio de inhumanidad', remarcó Puig.
Además de Valencia, otras autonomías de la nación ibérica como el País Vasco, Navarra, Baleares o Aragón impugnaron en su momento la legislación estatal y decidieron mantener la cobertura a los indocumentados.
con informacion de prensa latina
