Naciones Unidas, 20 dic (RHC) Expertos de Naciones Unidas condenaron el asesinato de al menos 12 manifestantes en Honduras y la detención de otros cientos que protestaban indignados por la suspensión del conteo de votos de las recientes elecciones presidenciales.

Los relatores especiales de ONU David Kaye, Michel Forst y Edison Lanza, presentaron un informe en Ginebra, Suiza, sobre la situación de crisis en el país latinoamericano e instaron al gobierno de Tegucigalpa a respetar los derechos humanos y la vida de los hondureños.

Declarar el estado de emergencia no autoriza, bajo ninguna circunstancia, la derogación del derecho a la vida y a la integridad personal, alertó el grupo de expertos.

Las protestas callejeras y los disturbios no son situaciones excepcionales que justifiquen una suspensión de los derechos fundamentales. Por el contrario, en una democracia el debate público y las manifestaciones políticas deberían tener la máxima protección posible, incluso en situaciones de agitación y emergencia, señalaron.

'Estamos alarmados por el uso ilegal y excesivo de la fuerza para dispersar las protestas, lo cual ha provocado la muerte de al menos 12 manifestantes y dejó decenas de heridos'.

Cientos de personas fueron detenidas, muchas de ellas han sido trasladadas a instalaciones militares donde son brutalmente golpeadas, torturadas y sometidas a otras formas de maltrato, denunciaron.

Los relatores también expresaron preocupación por los ataques y arrestos de periodistas durante la cobertura de las protestas.

'Antes, durante y después de los concursos electorales, la difusión de información pública de manera oportuna, proactiva y confiable es una garantía indispensable de los sistemas democráticos', concluyeron.

Recientemente, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, manifestó alarma por los incidentes violentos ocurridos en Honduras después de las elecciones presidenciales.

El diplomático portugués llamó a los líderes políticos del país, y en particular a los candidatos presidenciales, a ejercer su liderazgo con responsabilidad en un momento crucial. También los alentó a resolver sus diferencias a través del diálogo y dentro de los mecanismos establecidos por la Ley Electoral.

Tras las irregularidades en los comicios presidenciales del 26 de noviembre, miles de hondureños salieron a las calles a expresar su rechazo, pero la policía reprimió brutalmente los manifestaciones.

Poco después, el Gobierno de Tegucigalpa declaró el estado de emergencia y suspendió los derechos fundamentales.

Por su parte, la Alianza de Oposición contra la Dictadura condenó de manera enérgica la declaración de Estados Unidos sobre las elecciones generales en Honduras, en la cual reconoce sus resultados y “valida el crimen del fraude electoral”.

“Condenamos enérgicamente la declaración del departamento de Estado que reconoce los resultados del Tribunal (Supremo Electoral), valida el crimen del fraude electoral y nos remite a buscar justicia en la espuria Corte Suprema, dirigida con cinismo por Juan Orlando Hernández”, expresa la Alianza en un comunicado.

La Alianza recuerda que incluso la Organización de Estados Americanos (OEA) confirmó que en las elecciones de Honduras se hace imposible dar certeza sobre el resultado.

Ello, agrega, por la corrupción que rodea al sistema político hondureño, al tiempo que reafirma que en el sistema informático hubo intrusiones humanas deliberadas, eliminación intencional de registros digitales y valijas de votos abiertas o sin actas.

Esta declaración de la OEA, subraya, es por sí misma una evidencia del crimen electoral en perjuicio de la democracia y la soberanía popular, que debe ser investigado de oficio por la Unidad Especial contra la Impunidad de la Corrupción.

Igualmente la Alianza responsabiliza a los militares y policías de los asesinatos y el brutal uso de la violencia contra el pueblo que defiende su voto por la Alianza y la victoria de Salvador Nasralla, candidato presidencial de esa fuerza política.

Asimismo, exige la investigación e inmediato castigo de los asesinos de al menos 24 personas durante las manifestaciones y protestas populares, originadas tras las denuncias del fraude electoral fraguado por el Tribunal en complicidad con Hernández.

“Nuestro pueblo debe recordar quién financia, entrena y dirige las fuerzas represivas del Estado de Honduras, que hoy utilizan la brutalidad contra las movilizaciones pacíficas”, puntualiza.

Por otra parte, la Alianza hace un renovado llamado para sostener, intensificar y perfeccionar las movilizaciones pacíficas a nivel nacional, haciendo caso omiso a la trampa irresponsable que filtran desde las mismas fuerzas de seguridad con el propósito de desmovilizar, desanimar y distraer la lucha.

Luego que el controvertido Tribunal Supremo Electoral diera de manera oficial como ganador de las elecciones celebradas el 26 de noviembre al presidente Hernández, las protestas se multiplicaron en Honduras.

En la capital y varias ciudades del país la ciudadanía se abocó a las calles y mantuvieron bloqueos de carreteras y caminos en rechazo a ese resultado, fruto -según denuncias- de un sofisticado fraude.

Según el Tribunal, el actual presidente obtuvo el 42,95 por ciento de los sufragios, mientras que Nasralla, alcanzó el 41,42 por ciento.

Por otra parte, recientemente la oposición también lamentó la posición de la Misión de Observación de la Unión Europea, al considerar que avaló el robo electoral en contra de Nasralla.

En tanto, solicitaron a la ciudadanía no creer en ninguna de las versiones noticiosas que emita el gobierno y ante lo cual la coordinación general de la Alianza mantendrá debidamente informada a la población de las decisiones que adopte.