Brasilia, 24 feb (RHC) La organización de derechos humanos Justicia Global denunció ante organismos internacionales la intervención militar en la seguridad de Río de Janeiro decretada por el presidente de facto Michel Temer.

En un informe enviado a la Organización de Naciones Unidas y a la Organización de Estados Americanos, la entidad reclamó la creación de un canal de diálogo permanente de esos dos organismos internacionales con la sociedad civil, indicó el diario digital Brasil 247.

Refiere el documento que la gravedad de esta medida amenaza los derechos y garantías individuales de toda la población de de la región brasileña militarizada, pero sobre todo a las comunidades negras y pobres que viven en las favelas y las periferias urbanas.

Justicia Global apunta asimismo diversas irregularidades en el decreto emitido por Temer el pasado día 16 e instituyendo la intervención, al mando de la cual colocó al general Walter Souza Braga, y alertó además, sobre la absoluta incompatibilidad con tratados y convenciones internacionales de los cuales Brasil es signatario.

Al respecto Sandra Carvalho, coordinadora de esa organización, señaló que la utilización de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública de Rio de Janeiro se convirtió en una constante durante el período de redemocratización.

Esta práctica ha promovido un verdadero festival de violaciones de derechos humanos, sobre todo para la población negra y pobre, deploró la funcionaria.

Asimismo, Pedro Serrano, profesor universitario de Derecho Constitucional, advirtió la víspera que la presencia en Río de Janeiro de interventores militares con mentalidad de guerra resulta peligrosísima, pues puede ocasionar una tragedia.

Al comentar la forma en que soldados del Ejército portando armas de grueso calibre revisan las mochilas de los niños de las favelas cuando van a la escuela, Serrano afirmó que ese proceder demuestra claramente que no existe una relación de ciudadanía, sino de trato con el enemigo.

Esto atropella los derechos previstos por la Constitución y también a los derechos humanos, sostuvo y reafirmó que las medidas para combatir la violencia en Río tienen apariencia democrática, pero son inconstitucionales y dictatoriales.

Fuente: PL.