Madrid, 7 mar (RHC) El PSOE, Partido Socialista Obrero Español, calificó de miserable la decisión del gobierno conservador de Mariano Rajoy de vetar la tramitación parlamentaria de su reforma de la Ley de Memoria Histórica.

En declaraciones a la prensa en Madrid el diputado socialista Odón Elorza denunció que el rechazo a la iniciativa supone un desprecio a los miles de republicanos víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura del general Francisco Franco.

Entre otras medidas, la proposición de ley presentada en el Congreso de los Diputados contemplaba la retirada de símbolos franquistas, crear un banco nacional de ADN para identificar a las víctimas del régimen de Franco o la exhumación de los restos del dictador del Valle de los Caídos, donde también permanecen escondidos los restos de más de 33 000 personas.

La agrupación política ha defendido por años que el controvertido mausoleo se reconvierta en un espacio para la cultura de la reconciliación, la memoria colectiva democrática y la dignificación y reconocimiento de las víctimas de la cruenta represión franquista.

Igualmente la justicia española dio un nuevo golpe a las aspiraciones de las fuerzas secesionistas en Cataluña, al denegar la excarcelación del candidato a la presidencia de esa comunidad autónoma, Jordi Sánchez.

El Tribunal Constitucional (TC) rechazó este miércoles la petición de Sánchez de suspender la prisión provisional en la que se encuentra desde mediados de octubre, por un presunto delito de sedición, para poder acudir el próximo lunes a su sesión de investidura.

La decisión judicial obligará previsiblemente a postergar el pleno del 12 de marzo, convocado por el presidente del parlamento catalán, Roger Torrent, para poner en marcha la legislatura tras las elecciones autonómicas del pasado 21 de diciembre.

Denegada la solicitud de excarcelación por parte del TC, otra de las opciones que tiene el aspirante a encabezar la Generalitat (ejecutivo regional) para asistir el lunes al pleno es que el Tribunal Supremo (TS) lo deje en libertad o le otorgue un permiso especial.

Sin embargo, el juez Pablo Llarena, instructor en el TS de la causa relacionada con el proceso independentista, concedió hoy cinco días a las partes para que se pronuncien sobre la petición de Sánchez, lo cual significa que podría no tomar una decisión antes del lunes.

La coalición separatista Junts per Catalunya, a la cual pertenece el postulante a presidir la Generalitat, anunció la víspera que presentará una querella criminal por prevaricación contra Llarena si el magistrado le niega la salida de la prisión.

Por consiguiente, la decisión final corresponderá al juez del Supremo, quien ya desestimó anteriores demandas de Sánchez de ser puesto en libertad provisional a la espera del juicio, para el cual aún no hay fecha.

El candidato presentó ayer esa petición, mientras que la resuelta hoy por el Constitucional fue planteada meses atrás, poco después de su ingreso en prisión.

Exlíder de una influyente entidad civil independentista, Sánchez está acusado de instigar las protestas previas a la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre, que llevaron a la intervención de la región desde Madrid y a la convocatoria de elecciones.