Panama, 18 mar (RHC) Asociaciones de educadores panameños anunciaron una gran marcha nacional el próximo 27 de abril, para exigir escuelas dignas, el pago de los adeudos y la asignación del seis por ciento del Producto Interno Bruto al presupuesto educativo.

El secretario general de la Asociación de Profesores, Diógenes Sánchez, significó que la manifestación también demandará la actuación de la justicia en los casos de corrupción aún pendientes.

El dirigente gremial expresó además que exigirán al gobierno que cumpla con el compromiso de aumentar el presupuesto para educación, así como la revisión de la ley que crea el Plan de Retiro Anticipado Autofinanciable.

Similares tensiones vivió Panamá esta semana por una huelga que cumple nueve días en el enclave minero de Donoso, al noroeste del país centroamericano, y un paro general que concluyó en la caribeña ciudad de Colón.

La paralización total en la mayor inversión privada del país continúa, mientras la empresa Minera Panamá y el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs) se acusan mutuamente de incumplimiento de acuerdos laborales pactados recientemente.

'Cobre Panamá es la mina en construcción más grande de la región con una inversión de 6 300 millones de dólares y emplea a más de 10 mil personas, de las cuales 7 500 trabajadores son panameños. Y se está atentando contra la seguridad jurídica y laboral', afirmó en conferencia de prensa su vocero, Manuel Aizpurúa.

Mientras, el Suntracs indicó que la compañía despidió injustificadamente a 34 obreros, pese a que aseguró abstenerse de represalias por los reclamos de las condiciones laborales, que llevó a una huelga anterior en febrero pasado en esa área donde se explotará un filón de cobre, en la provincia de Colón.

El líder sindical Saúl Méndez denunció que Minera Panamá no quiere aplicar la convención Capac (Cámara Panameña de la Construcción)-Suntracs, que, en su opinión, ofrece mejores beneficios y salarios a los trabajadores, por la condición de “megaproyecto” que tiene la obra de infraestructura minera.

“La convención, que rige el 90 por ciento de los proyectos en el país, establece bonificación por el nacimiento de los hijos, incentivos por buena asistencia, un fondo por enfermedad, la póliza colectiva de vida, entre otros puntos”, explicó Méndez, quien aseguró que tienen dos mil afiliados en la mina.

Coincidió también esta semana que el comité urbano Salvemos a Colón convocó el pasado martes una huelga general de la ciudad, respaldada por comerciantes, transportistas, educadores y otros sectores, la cual se extendió a 48 horas, sin que hasta el momento lograran iniciar negociaciones con el gobierno.

Grupos violentos, de los cuales se desmarcó el comité, aprovecharon una marcha de protesta por las calles de la urbe, para crear un caos por varias horas, durante las cuales asaltaron comercios y robaron mercancías, intercambiaron disparos con la policía e incendiaron barricadas en las calles.

Un anuncio a través del canal local TVN señaló que el ministro de la Presidencia Álvaro Alemán viajará el lunes a la ciudad atlántica para iniciar intercambios con colonenses y llevar una propuesta al respecto a la reunión del Gabinete Ejecutivo en abril próximo.

Mientras la interpretación oficial de la protesta es que se debe a lentitud en los trabajos de la llamada Renovación Urbana, voceros de los manifestantes refirieron el rechazo a lo que consideran “propósitos ocultos” tras ese plan, para expulsar las clases pobres del centro citadino y vender esos espacios a los ricos.

Además, plantearán a las autoridades la necesidad de un programa emergente para atender las condiciones de insalubridad, deterioro y otras que hace inhabitable el centro urbano, además de falta de agua potable, centros adecuados de salud e instalaciones educativas y empleo, entre otros.