Brasilia, 24 may (RHC) La Coordinación Política de la Articulación de Movimientos Sociales y Populares hacia el ALBA, reiteró su exigencia a la inmediata liberación del ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.

El compromiso quedó establecido en una carta enviada por la entidad al exdignatario brasileño, preso político desde el pasado 7 de abril en la Superintendencia de la Policía Federal de la ciudad paranaense de Curitiba, y transmitida a través del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra.

“Encuentra en ALBA Movimientos un crisol de luchadores y luchadoras que seguirán en las calles de ciudades y campos exigiendo tu libertad inmediata para que el autodeterminado pueblo Brasilero, como en 2002, vuelva a elegir su propio destino”, destaca el texto.

La carta fue escrita durante un encuentro de representantes de las organizaciones de ALBA Movimientos en ocasión de la realización de las elecciones en Venezuela y en el cual analizaron la actualidad política y social del continente y compartieron sus visiones sobre el estado de la lucha en los diferentes países.

Al referirse al caso de Lula, el mensaje denuncia “el montaje en tu contra y, sobre todo, el objetivo de realizarte este circo judicial con un único objetivo: evitar que el pueblo brasileño nuevamente vuelva a elegir, democráticamente, un proyecto afín a sus intereses y a los del resto del continente”.

Se tata, puntualiza en alusión a la tenaz persecución judicial de que es objeto el fundador del Partido de los Trabajadores- de un nuevo modelo que encontró la derecha para intentar detener esos procesos, que efectivamente los desplazan de sus lugares de poder.

Mientras los abogados de la defensa de Luiz Inácio Lula da Silva manifestaron su satisfacción por el hecho de que el Comité de Derechos Humanos de la ONU investigue las violaciones cometidas contra el expresidente.

En una nota difundida por el diario digital Brasl 247, los letrados Cristiano Zanin Martins y Valesca Teixeira Zanin Martins dieron a conocer que este martes recibieron una notificación de dicho órgano internacional confirmando que investigan las violaciones contra garantías fundamentales de que ha sido víctima el exdignatario.

La denuncia fue presentada al referido Comité en julio de 2016 mediante un comunicado individual, cuya admisibilidad y el mérito del mismo serán juzgados conjuntamente, explica la declaración de los defensores.

Puntualiza además que el órgano de Naciones Unidas admitió juzgar el caso a la luz del artículo 25 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, que asegura a todo ciudadano la posibilidad de participar “sin restricciones infundadas” y el derecho de “votar y ser electo en elecciones periódicas, auténticas y realizadas por sufragio universal”.

Aunque la acusación por las numerosas violaciones y arbitrariedades cometidas contra Lula por el juez federal Sergio Moro fue interpuesta en julio de 2016, no fue hasta octubre de ese mismo año, cuando se notificó que ésta fue aceptada por el Comité.

Según el comunicado enviado entonces por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el gobierno brasileño fue intimado también en esa fecha para presentar 'informaciones y/u observaciones relevantes a la cuestión de la admisibilidad de la comunicación” en un plazo de dos meses.

El primer comunicado individual de un ciudadano brasileño al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas fue presentado por la defensa de Lula, junto a Geoffrey Robertson, uno de los principales abogados del mundo en ese ámbito.

La acción busca un pronunciamiento de ese órgano respecto al abuso de poder practicado por el juez federal Sergio Moro y los fiscales de la operación anticorrupción Lava Jato, quienes violaron el derecho de Lula a la privacidad, a la presunción de inocencia y a no ser preso arbitrariamente.

Desde marzo de 2016, señaló Zanin Martins, el exdignatario sufrió numerosas violaciones de sus garantías constitucionales, autorizadas todas en el ámbito de procedimientos con apariencia de legalidad.

Mencionó entre éstas la privación de su libertad por medio de una conducción coercitiva sin previsión legal; la invasión de su privacidad de diversas formas; y la acusación lanzada por fiscales de la operación Lava Jato en lo que catalogó de verdadero “show pirotécnico sin precedentes” y ajeno a la denuncia hecha formalmente.

Solo el formato empleado por los procuradores en esa conferencia de prensa, que hiere de muerte el principio de presunción de inocencia y viola las reglas de comunicación fijadas por el Consejo Nacional del Ministerio Público, bastarían para anular el proceso por violación de las garantías fundamentales, señaló.

Todos esos procedimientos tienen como objetivo dar una apariencia de legitimidad a la persecución política existente contra el ex presidente, valoró el letrado.

La defensa de Lula sostiene que el mismo fue privado del derecho a un juzgamiento legítimo y justo y que es víctima de la utilización de la ley y de los procedimientos jurídicos como verdaderas armas de guerra para la obtención o el bloqueo de resultados políticos; una práctica definida como tácticas de lawfare.