Los proyectos fueron adoptados por 160 votos a favor y 18 en contra, de un total de 199 diputados.

Contienen enmiendas y adiciones al código penal para sancionar a las instituciones que contribuyan a la entrada ilegal de refugiados o migrantes o ayuden en los procedimientos de otorgamiento de asilo a personas provenientes de países considerados seguros.

Esa labor de promoción de migración ilegal se define como una actividad organizada para ayudar a individuos que no están en peligro de persecución para obtener asilo o título de residencia.

Dar apoyo financiero a esa tarea podría penalizarse hasta con un año de privación de libertad.

También se introdujeron cambios en la ley de refugiados los cuales establecen que las personas que realicen petición de asilo y provengan de estados considerados seguros pudieran ser rechazadas.

Los enunciados del paquete de leyes indican que las nuevas regulaciones están en correspondencia con la Convención de Ginebra, mediante la cual se garantiza la protección de quienes provengan solo de países en los cuales su vida o su libertad estuvieren en peligro.

El gobierno presentó también un decreto que plantea un impuesto especial del 25 por ciento de sus recursos a las organizaciones dedicadas a prestar apoyo a la migración, para ayudar a resarcir los gastos del estado a ese respecto.

La recaudación será dedicada exclusivamente a las medidas de protección de las fronteras, señala el documento.

El paquete de legislaciones se conoce aquí como Stop Soros, en referencia a las actividades en el país de instituciones no gubernamentales dedicadas a los migrantes y actividades relacionadas que reciben fondos del multimillonario estadounidense de origen húngaro George Soros, señalado por injerencia en el orden interior.