B.Aires, 23 ago (RHC) Miembros de la Policía Federal comenzaron el primero de tres allanamientos en viviendas de la expresidenta argentina, Cristina Fernández, en medio de fuertes medidas de seguridad y con varios transeúntes a las afueras de la casa.
En un capítulo calificado por el abogado de la actual senadora como un circo, con perros y efectivos de infantería la Policía ingresó en el piso quinto del edificio del barrio de Recoleta en el primer registro de tres propiedades por la investigación en la causa sobre supuestos sobornos en la obra pública durante su gestión (2007-2015).
El letrado agregó que pedirá la nulidad del procedimiento porque no cumple lo requerido por el Congreso y un juicio político al juez Claudio Bonadío.
Mientras la exprimera mandataria se encuentra en casa de su hija Florencia, en la barriada capitalina de Constitución, y más tarde podría ir al Instituto Patria, el operativo abarca seis camionetas con efectivos de infantería y algunos medios lo calificaron de exagerado.
Desde que el Senado aprobó el autorizo para estos allanamientos la víspera, con la presencia de la propia expresidenta, los medios no dejan de tocar el tema y algunos hasta casi como un espectáculo dan pormenores detallados de las tres viviendas de Fernández, y señalan que incluso se escanearán las paredes.
Aun faltan por allanar sus propiedades en El Calafate y Río Gallegos, en la provincia de Santa Cruz.
Hay una manipulación descarada, humillante y grosera de hostigamiento permanente a mi persona, si creen que con esto van a hacer que cambie mis ideas o que me calle la boca no lo haré, apuntó la víspera en el Congreso la ex jefa de Estado.
Tras manifestar que el país está ante un grave problema político, resaltó que 'si algo faltaba para consagrar el uso del poder judicial como elemento de persecución política en Argentina, era esta causa' y reiteró que desde 2015 le abrieron seis, cuatro de ellas por asociación ilícita.
El llamado caso de las fotocopias de los cuadernos de Centeno por sobornos cuenta ya con varios detenidos, entre ellos, empresarios que se apegaron a la ley del arrepentido.
La investigación por el presunto pago de coimas se basa en una declaración de una testigo vinculada al chofer de Roberto Baratta, exfuncionario del Ministerio de Planificación, que entregó a la Justicia los documentos en los cuales supuestamente el empleado habría anotado el traslado de dinero.(Fuente:PL)
