Washington, 24 ago (RHC) Más de 520 niños inmigrantes indocumentados continúan separados de sus padres en Estados Unidos, a casi un mes del plazo dado al Gobierno por un juez federal para reunir a las familias.

En un informe sobre el estado del proceso de reunificación, los abogados del ejecutivo de Donald Trump precisaron que en esa situación se encuentran 23 menores de cinco años y 505 que tiene más de esa edad y hasta 17 años, todos bajo el cuidado de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados.

De acuerdo con el reporte presentado la víspera, 343 padres de esos menores se encuentran actualmente fuera de esa nación tras ser deportados, mientras 19 permanecen bajo custodia de las autoridades norteamericanas y 62 levantaron alguna señal de alarma en las comprobaciones correspondientes.

Esta actualización se dio a conocer el mismo día que la Asociación de Abogados de Inmigración y otros grupos acusaron a la administración norteamericana de usar estrategias coercitivas contra los padres para que rechazaran solicitar su derecho a asilo.

Igualmente se divulgó que la Diócesis católica de Pittsburgh recibió cerca de 50 nuevas denuncias tras revelarse un reporte que implica a más de 300 curas del estado norteamericano de Pensilvania en casos de abuso sexual.

El reverendo Nicholas S. Vaskov, director ejecutivo de comunicaciones para la diócesis de la ciudad, informó a la televisora que, de los reclamos procesados hasta ahora, ninguno involucra al clero activo, y todas las acusaciones van desde la década de 1940 hasta 1990.

Según el eclesiástico, eso es consistente con la declaración previa de que el 90 por ciento de los incidentes de abuso en la Diócesis de Pittsburgh ocurrieron antes de esa última fecha.

Los reclamos fueron informados a través de una línea directa establecida por la Iglesia y por correo electrónico, y corresponden a acusaciones nuevas de personas que no habían contactado previamente con la institución, explicó Vaskov.

De acuerdo con la oficina del fiscal del distrito en el condado de Allegheny, no le han entregado ninguna de esas nuevas denuncias.

Además, la línea directa para denunciar abusos del clero que mantiene la oficina del fiscal general de Pensilvania, Josh Shapiro, recibió 485 llamadas desde que el 14 de agosto se difundió el informe de un gran jurado que detalló más de mil casos de ese tipo en seis de las ocho diócesis del estado.

Joe Grace, director de comunicaciones del fiscal general, sostuvo que las llamadas continúan durante día y noche, y un agente se encarga de recibir el reclamo, recopilar los hechos y determinar si se requiere una investigación más a fondo.

Según el funcionario, un 'número considerable' de esos contactos se refieren a hechos de abuso sexual contra niños.

El reporte presentado la pasada semana describió un esfuerzo de encubrimiento sistemático por parte de los líderes de la Iglesia católica, que muchas veces ignoró las acusaciones o trató de que las agencias locales encargadas de hacer cumplir la ley retiraran las pesquisas.

A pesar de algunas reformas, los líderes individuales han escapado en gran parte a la responsabilidad pública. Los sacerdotes estaban violando niños, y los hombres de Dios que eran responsables de ellos no solo no hicieron nada, lo escondieron todo durante décadas, subrayó el documento.

De acuerdo con el texto, monseñores, obispos, arzobispos y cardenales fueron protegidos en su mayoría; y muchos fueron promovidos. 'Hasta que eso cambie, pensamos que es demasiado pronto para cerrar el libro sobre el escándalo sexual de la Iglesia católica'.