Lima, 9 oct (RHC) El presidente de Perú, Martín Vizcarra, convocó a un referéndum popular el 9 de diciembre para ratificar las cuatro reformas constitucionales que promueve, pero llamó a rechazar una de ellas por haber sido modificado el original por el parlamento.

En un nuevo choque con el Congreso, dominado por la oposición fujimorista, rechazó Vizcarra el texto sobre la bicameralidad que aprobó el congreso el 4 de octubre, pero igual lo someterá a la consulta popular junto con las otras reformas por las que llamó a votar sí.

Vizcarra, defensor de un congreso bicameral, dijo oponerse al texto aprobado porque elimina la facultad presidencial de disolver el Congreso y de convocar a nuevos comicios legislativos en caso de dos censuras parlamentarias al gabinete ministerial en un mismo gobierno.

Además, el presidente peruano rechaza también los cambios hechos por el actual congreso porque eliminó la paridad de género en las lisas de candidatos al parlamento.

Expertos independientes de la ONU respaldaron la decisión de la Corte Suprema de Perú de revocar el indulto al expresidente Alberto Fujimori, pues las medidas de gracia no pueden concederse para crímenes de lesa humanidad.

Así apuntaron los integrantes de un grupo de relatores especiales de Naciones Unidas que por medio de un comunicado acogieron con beneplácito ese fallo.

La decisión del juzgado restaura el derecho a la justicia de las víctimas y sus familiares, quienes vienen luchando hace 25 años para asegurar que los crímenes aberrantes que sufrieron no queden en la impunidad, señala el texto.

“Existen requisitos concretos para el otorgamiento de indultos por razones humanitarias los cuales deben ser minuciosamente observados para evitar la arbitrariedad”.

Las enfermedades terminales inminentes pueden dar lugar al indulto, sin embargo, tales beneficios no pueden otorgarse en respuesta al mero paso del tiempo, la edad de la persona, o la situación general física o mental propias de la edad, detallaron los relatores de la ONU.

Según puntualizaron, en tales casos los Estados deben garantizar el derecho a la salud a través de prestaciones médicas ofrecidas en las prisiones, o facilitando el traslado a centros médicos especializados.

El pedido de anulación del indulto fue presentado por los familiares de las víctimas de las matanzas de Barrios Altos, en 1991, y La Cantuta, en 1992, dos de los casos por los que fue condenado Fujimori.

Recien el 3 de octubre se declaró sin efectos jurídicos el indulto concedido a Fujimori en diciembre pasado por el entonces mandatario Pedro Pablo Kuczynski, y se ordenó la búsqueda y captura del expresidente peruano para que vuelva a prisión.

La decisión de la Corte Suprema de Perú cumple con los estándares internacionales de derechos humanos que restringen el uso de indultos en casos de crímenes de lesa humanidad, y representa un renovado paso adelante en la lucha contra la impunidad, dijeron los relatores especiales de la ONU.

Fujimori cumplía una condena de 25 años de prisión por cometer crímenes considerados de lesa humanidad en el derecho internacional, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y secuestros.

Su condena, tras un proceso que cumplió con las normas nacionales e internacionales sobre juicios justos, fue considerada un logro importante en la lucha contra la impunidad.

De acuerdo con los expertos de la ONU, el indulto a Fujimori constituía además una violación del derecho interno peruano, el cual prohíbe taxativamente el otorgamiento de ese perdón a los condenados por delito de secuestro.

Los relatores especiales son parte de lo que se conoce como procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humano de la ONU: un grupo de mecanismos independientes de determinación y monitoreo de los hechos .

Estos expertos trabajan de manera voluntaria, no son personal de Naciones Unidas y no reciben un salario por esas labores.