Londres, 26 oct (RHC) El fundador de Wikileks, Julian Assange, asilado en la embajada de Ecuador en Londres desde 2012, está dispuesto a entregarse a la justicia de Gran Bretaña si su gobierno le asegura que no será extraditado a Estados Unidos.

Carlos Poveda, uno de los abogados de Aasánch, informó que su defendido está dispuesto a afrontar un juicio en territorio británico y solicita la certeza de que tras su condena no sea extraditado a Estados Unidos.

La justicia del país europeo mantiene una orden de detención contra Assange por incumplir obligaciones de su libertad condicional cuando era acusado de supuestos delitos sexuales cometidos en Suecia.

Aunque las causas suecas no prosperaron, el creador de WikiLeks teme que al dejar la embajada ecuatoriana en Londres pueda ser extraditado a Estados Unidos, que lo acusa de difundir secretos oficiales de esa nación a través de su página web.

Mientras la jueza Karina Martínez determinó aplazar la audiencia de acción de protección presentada por el australiano Julian Assange contra el estado de Ecuador, por fallas técnicas.

La diligencia, pactada para esta jornada en el Complejo Judicial Norte fue suspendida pues hubo problemas de conexión con la embajada de Quito en Londres, donde el ciberactivista se encuentra asilado de 2012, así como con la traducción.

Después de intentos fallidos con la comunicación, la decisión fue anunciada ante el vicecanciller Andrés Terán, el procurador general del estado, Iñigo Salvador y el abogado del fundador del portal WikiLeaks, Carlos Poveda, entre otros presentes en la sala.

Tras la suspensión, Salvador señaló en declaraciones a la prensa que se dispuso el aplazamiento, hasta nueva orden, aunque sin especificar más detalles.

Igualmente, advirtió que objetó el hecho de que Assange y su abogado no hayan podido sostener, hasta esta jornada, una entrevista, cuando la acción de protección se presentó el 19 de octubre último, en respuesta al Protocolo Especial dispuesto por la cancillería, el cual, según el equipo del australiano, implica mayor aislamiento.

Aunque rehusó dar un criterio personal sobre el recurso de la defensa del informático australiano, Salvador admitió que el gobierno sostiene que no se le han violado sus derechos.

En cuanto al respeto al debido proceso, alertó: “obviamente el estado ecuatoriano no va a poner ningún tipo de obstáculo u óbice a que el señor Assange y su defensa puedan hacer el mejor trabajo posible en defensa de sus intereses'.

De su lado, Poveda, quien representa al fundador del portal web que divulgó miles de documentos clasificados sobre acciones irregulares de varios países, en especial Estados Unidos, insistió en que su defendido está sometido a un aislamiento extendido y a la incomunicación.

Esas son parte de las bases, junto al Protocolo Especial recién emitido, de manera unilateral por la cancillería, que respaldan la acción de protección, solicitada la semana pasada en Quito.

Sobre ese particular, el abogado defensor sostuvo que la víspera se le dotó de una computadora a Assange, en la sede diplomática en Londres,

Ayer lo dotaron de un ordenador con vistas a su participación en la audiencia y solo hoy fue que ambos pudieron dialogar.

El Protocolo especial, que consta de 10 páginas, contiene disposiciones entre las cuales están regulaciones estrictas para las visitas, disposiciones en cuanto a las comunicaciones y a su atención médica, y establece el pago, por parte del asilado, de servicios básicos, lavandería y alimentación.

La medida ha sido ampliamente cuestionada dentro y fuera de Ecuador, aunque el canciller, José Valencia, aseguró que cuentan con argumentales basados en estándares internacionales, para argumentarla.