Naciones Unidas, 23 ene (RHC) El canciller de Colombia, Carlos Holmes, aseguró que uno de los principales retos del proceso de paz en su país es lograr la efectiva implementación de programas para brindar seguridad a los más vulnerables.
En su reporte ante el Consejo de Seguridad de la ONU, resaltó Holmes que también urge ofrecer mejor acceso a los bienes y alternativas que permitan a los exguerrilleros alejarse de las economías ilegales.
Asimismo el jefe de la diplomacia colombiana subrayó que el Gobierno del presidente Iván Duque está comprometido con la implementación del Acuerdo de Paz, pero hemos heredado una difícil situación en lo que respecta al crecimiento de cultivos ilícitos en la nación sudamericana.
Por ello, enfatizó, se confiere tanta importancia a la lucha contra las economías ilegales, especialmente, el narcotráfico.
El titular de Relaciones Exteriores de Colombia, Carlos Holmes, expresó que el Gobierno de Bogotá considera que una de sus funciones es crear las condiciones y ejercer el liderazgo para que la comunidad internacional y el sector privado se involucren en la reincorporación económica y social de los excombatientes.
Mientras representantes de los 104 pueblos indígenas que forman parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición de Colombia acordaron crear una Dirección de Pueblos Étnicos.
La radio colombiana informó que el proyecto permitirá coordinar acciones institucionales con los pueblos nativos y fortalecer sus derechos colectivos.
Los representantes de la población originaria también formalizaron acuerdos relacionados con la asistencia de esas comunidades en el esclarecimiento de la verdad del conflicto armado en el país sudamericano.
Unos 800 indígenas y afrocolombianos se vieron forzados a dejar sus hogares en las últimas horas por enfrentamientos armados en el departamento de Nariño, alertó la ONU.
La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) en Colombia precisó que el desplazamiento masivo se produjo en áreas rurales del municipio de Tumaco, fronterizo con Ecuador.
Agregó la declaración del organismo internacional que las familias desplazadas están albergadas transitoriamente en el casco urbano de Tumaco, el municipio colombiano con mayores sembradíos de coca y con alta presencia del narcotráfico.
La OCHA señaló que la cifra de desplazados puede aumentar una vez se consolide el censo de afectados, que realizan las autoridades locales.
Apuntó asimismo que la presencia e intimidación por parte de los grupos armados presentes en la parte rural de Tumaco ha afectado la seguridad alimentaria de los habitantes de esa zona de Colombia, además de su salud física y mental.
Ya en septiembre pasado la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) de Colombia advirtió sobre el aumento de la cifra de desplazados internos en el país.
Paola Hurtado, coordinadora del Sistema de Información Codhes, estimó que esta situación se presenta ante la demora en la implementación de los acuerdos de paz.
Un informe de Codhes se refiere también al agravamiento del desplazamiento en los departamentos de Norte de Santander, Córdoba, Chocó, Valle del Cauca y Cauca.
