Bogotá, 25 mar (RHC) Medio centenar de líderes sociales de Colombia presentarán el próximo cinco de abril una denuncia ante la Corte Penal Internacional por agresiones sistemáticas en su contra.
El propósito de la visita a La Haya es instar al tribunal transnacional a investigar y juzgar los delitos que tienen lugar en el país sudamericano, considerados como crímenes de lesa humanidad.
A juicio de organizaciones políticas y sociales de Colombia, el exterminio del liderazgo social se mantiene por la impunidad que prevalece.
La agrupación Somos Defensores de Colombia precisa que el 91,4 % de los asesinatos de los activistas cometidos entre 2009 y 2017 quedaron impunes.
Sobre la escalada de crímenes contra defensores de los derechos humanos y líderes comunitarios alertó recientemente la ONU.
La Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas ha registrado el deterioro de la seguridad personal y social en Colombia a partir de las denuncias de organizaciones indígenas, campesinas y sindicales.
Recientemente líderes indígenas rechazaron la versión de las autoridades colombianas sobre la matanza ocurrida en el municipio de Dagua con saldo de ocho nativos muertos y denunciaron que fue un atentado contra ellos.
“Se ha presentado una masacre que deja ocho guardias indígenas fallecidos y cuatro gravemente heridos”, señaló a través de un comunicado el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).
La versión dada a conocer a la prensa local por Guillermo León, alcalde de Dagua, municipio montañoso del departamento de Valle del Cauca, decía que sobre las 15:00, hora local, de ayer se produjo una explosión en un resguardo indígena de la zona por supuesta manipulación de pólvora negra o dinamita.
Sin embargo, el CRIC sostiene que “presuntamente una persona lanzó un artefacto explosivo, causando la muerte de guardias indígenas pertenecientes a los pueblos Waunan, Nasa y Embera”.
Agrega la declaración que las víctimas estaban encargadas de la adecuación logística para sumarse a la movilización de los pueblos originarios que desde hace ocho días tiene lugar en varios departamentos del suroeste del país en defensa de territorios ancestrales.
El CRIC exigió al Gobierno Nacional investigar el lamentable hecho acaecido en el contexto de la denominada Minga Indígena por la Vida, la Paz y el Territorio, a la vez que pidió tener garantías para el ejercicio de la protesta pacífica.
También las autoridades indígenas hicieron un llamado a organismos nacionales e internacionales defensores de los derechos humanos para que acompañen a comunidades y familias afectadas por la tragedia que enluta la Minga del suroccidente colombiano.
La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, dijo a Caracol Radio de Colombia que lo ocurrido “es algo desafortunado” y reiteró la hipótesis inicial de que “al parecer eran algunos explosivos que estaban manipulando”, aunque, añadió, “no se sabe que ha pasado, apenas están en las investigaciones”.
Se supo que los muertos eran jóvenes de 20 a 30 años y que entre los heridos graves hay un menor de cuatro años de edad.
