Bogotá, 2 abr (RHC) Casi medio centenar de comunidades afrocolombianas informaron que se sumarán a la Minga Nacional Indígena, que cumple tres semanas por reivindicaciones sociales.
    
Alexis Mina Ramos, integrante del Consejo Mayor de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca, afirmó que 43 organizaciones afrodescendientes de la región del Pacífico colombiano se unieron a la protesta por el abandono y la desprotección en que se encuentran.

En un comunicado, Alexis Mina Ramos precisó que el apoyo a la Minga representa el reclamo de los pueblos al abandono histórico, a las profundas afectaciones del racismo estructural y el incumplimiento del Estado a sus obligaciones.
 
Las comunidades afrocolombianas piden la implementación del Acuerdo de Paz negociado en La Habana, sobre todo en lo relativo a la reforma rural integral y el plan de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, dos de las demandas también de los pueblos originarios.
   
Asimismo, exigen control sobre la minería ilegal, descontaminación de territorios de mercurio, cuidado del agua y mecanismos para garantizar el cumplimiento de acuerdos pactados por el Estado desde 1986.
La Comisión de la Cámara de Representantes, creada para evaluar la objeción del Gobierno Nacional a la ley estatutaria de la Justicia Especial de Paz (JEP), instó a la sanción presidencial de esa normativa.

Las objeciones del presidente Iván Duque a la JEP fueron rechazadas por representantes de la bancada opositora Lista de los Decentes y de los partidos Alianza Verde, de la Unidad Social Nacional, Liberal y Cambio Radical.

Los miembros de la comisión legislativa expresaron que la estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz ya tiene el visto bueno de la Corte Constitucional.

“Las objeciones no están contra un proyecto de ley sino contra una sentencia de la Corte Constitucional, si tramitamos estas objeciones quebrantamos el principio de separación de poderes”, afirmó el representante de Cambio Radical, José Daniel López.

También señalaron los integrantes de la Comisión que “el ataque a la norma estatutaria de la JEP impide su avance y pone en riesgo la garantía de los derechos de las víctimas y la seguridad jurídica de quienes se someten a ella”.

Finalmente pidieron a la plenaria de la Cámara negar los argumentos del Gobierno y promover de manera acelerada la sanción presidencial de la estatutaria de la JEP.

Faltaría el pronunciamiento de la Comisión Accidental de Senado, integrada fundamentalmente por congresistas afines al gobierno, antes de llevar el tema al Pleno del Congreso de la República.

La semana anterior el secretario general de la ONU, António Guterres, llamó al Gobierno y a las instituciones en Colombia a que la ley estatutaria de la JEP se promulgue lo antes posible.

Así refleja el informe del primer trimestre del año sobre los resultados de la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia y que será presentado ante el Consejo de Seguridad el próximo 10 de abril.

El documento que lleva la firma de Guterres fue revelado por la Misión de Verificación de la ONU en el país sudamericano y en él se señala que el proceso de paz en Colombia se encuentra en una situación crítica.