Bogotá, 16 may (RHC) El senador Carlos Antonio Lozada, del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), denunció la víspera que 114 exguerrilleros y 31 de sus familiares han sido asesinados desde noviembre de 2016 cuando se firmó la paz con el gobierno colombiano.
En declaraciones a Caracol Radio, Lozada indicó que entre los asesinados está incluido un bebé de siete meses hijo de una pareja de exguerrilleros que murió el pasado 14 de abril en un atentado en Monte Lara, aldea del departamento de La Guajira, en la frontera con Venezuela.
Según Lozada, todo apunta a que los responsables de los crímenes “son grupos paramilitares” y hasta el momento no tienen “información de ningún caso de excombatientes que hayan sido asesinados por disidentes de las Farc”.
“Hay una situación bastante compleja no solo de los asesinatos. Ese fenómeno hay que verlo en toda su dimensión, nos preocupa mucho y lo expresamos así hace dos meses”, afirmó el senador, quien agregó que han “observado que se está levantando una campaña de estigmatización contra el partido, sus dirigentes y sus militantes”.
Las declaraciones de Lozada se dan un día después de que el partido FARC denunciara el asesinato en Tuluá, en Valle del Cauca, de Jorge Enrique Corredor, conocido en su época de guerrillero como “Wilson Saavedra”.
FARC detalló que el asesinato de Saavedra, quien fue comandante del Frente 21 de la guerrilla, ocurrió cuando desconocidos que se movilizaban en una motocicleta le dispararon.
El partido señaló que Saavedra “se desempeñaba como un destacado líder” de una cooperativa de exguerrilleros en el Valle del Cauca.
Este asesinato fue rechazado por instituciones del gobierno que tienen que ver con la implementación del acuerdo de paz, en un comunicado conjunto divulgado el martes en la noche.
“La seguridad de los excombatientes comprometidos con su proceso de reincorporación es una prioridad para todas las entidades del Estado. El Gobierno nacional condena cualquier ataque contra quienes están comprometidos con la paz”, manifestaron.
El comunicado fue expedido por la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez; el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, y el consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila.
Además, señalaron que el gobierno “trabajará conjuntamente con la Unidad Especial de la Fiscalía para dar con los responsables del crimen” y que los mecanismos para garantizar la seguridad de los excombatientes “seguirán siendo fortalecidos”. (Fuente:PL)
