Tegucigalpa, 27 may (RHC) Diversas personas resultaron afectadas por gases lacrimógenos tras acciones de la policía contra una multitudinaria manifestación en Honduras en rechazo a leyes privatizadoras.
     
La movilización de médicos y maestros, quienes intentaban llegar al palacio de gobierno, fue reprimida por fuerzas policiales y militares, los cuales lanzaron bombas irritantes excesivamente y sin razón, causando daños respiratorios a la muchedumbre.
    
La Plataforma de Defensa de la Salud y Educación Pública en Honduras exige que los artículos modificantes de las leyes de Reestructuración y Transformación Presupuestaria de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación y de Salud sean eliminados de toda disputa.

De acuerdo con observadores, en las últimas tres semanas la represión ha estado a la orden día por las manifestaciones que han realizado maestros, médicos y estudiantes.

Esos sectores denuncian, entre otros elementos, que en el país existe mayor cantidad de armas que libros y medicinas, más batallones que hospitales y cárceles mejor equipadas que las escuelas y colegios.

“Y esa represión se está legalizando para evitar que la gente proteste”, consideró la coordinadora de la Colectiva de Mujeres Hondureñas (CODEMUH), María Luisa Regalado.

Es lamentable que el Congreso Nacional, además de criminalizar la movilización, también apruebe decretos encaminados a privatizar la salud y la educación, refirió.

Asimismo aseguró que de forma paralela el Congreso disminuye las penas para los delitos por violencia doméstica, el narcotráfico y demás crimen organizado.

Para la profesora Patricia Murillo, las autoridades tratan de enraizarse usando acciones legales o de intimidación, interviniendo las comunicaciones, ocultando la verdad, omitiendo opiniones y buscando perfeccionar un esquema único del pensamiento, “de que todo está bien y que vivimos una vida mejor”.

Con el objetivo de mantener la masa humana adormecida, el régimen ha instaurado una represión con una sociedad vigilada y con un riesgo que va desde perder un trabajo hasta la vida, indicó Murillo.

Según los expertos, ante la convocatoria a una semana de protestas entre el 27 y 31 de mayo por los colegios magisteriales y los médicos, la virulencia con que se aborda el derecho a la protesta por parte del Gobierno, se avizora mucha represión contra los manifestantes.