Quito, 15 jul (RHC) La ALER, Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, con sede en Ecuador, se pronunció en rechazo al recrudecimiento de las medidas contra los migrantes, implementado por el gobierno de Estados Unidos.

En un comunicado la organización, fundada en 1972, exigió respeto a los derechos de los migrantes ante la política xenófoba y racista de Washington.

En el texto, recalcó ALER su oposición a las operaciones de detención masiva de indocumentados, iniciadas el fin de semana en Los Ángeles, Nueva York, Chicago y otras ciudades del país norteño.

Asimismo, elogiaron la actitud de alcaldes y policías estadounidenses, en respaldo a la población blanco de las acciones xenófobas, así como su negativa a ser parte de las medidas desarrolladas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

También la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) anunció que presentará una demanda contra las nuevas restricciones de asilo que impedirían pedir esa protección a quienes llegan a través de un tercer país.

De acuerdo con la agrupación, con esa medida la administración del presidente Donald Trump 'está tratando de revertir unilateralmente el compromiso legal y moral de nuestro país para proteger a quienes huyen del peligro'.

'Esta nueva regla es evidentemente ilegal y demandaremos de forma rápida', agregó Lee Gelernt, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU en un comunicado.

La organización anteriormente interpuso una demanda contra el intento del Gobierno de prohibir el asilo para quienes cruzaran la frontera sin autorización, una política que fue bloqueada posteriormente en un tribunal federal y desde entonces no se ha implementado.

Según el texto de la nueva regla dada a conocer este lunes y que comenzará a aplicarse mañana, no serán elegibles para recibir asilo los solicitantes que pasen por una tercera nación en su recorrido hacia Estados Unidos y no apliquen por la protección en ese otro territorio.

La regulación solo reconoce excepciones si quien realiza la petición fue objeto de trata de personas, o si el país por que el atravesó anteriormente no es signatario de alguno de los principales tratados internacionales que rigen la gestión de los refugiados, los cuales han sido firmados por la mayoría de las naciones occidentales.

Asimismo, la medida tampoco aplicaría a un solicitante de asilo que haya buscado esa protección en otro territorio y allí le fue negada.

La agencia estadounidense Associated Press indicó que la decisión del Gobierno de Trump está destinada esencialmente a poner fin a las protecciones de asilo del modo en que se otorgan actualmente en la frontera sur.

Hasta ahora la ley estadounidense permite a una persona solicitar asilo cuando llegue a Estados Unidos sin importar cómo haya arribado.

Si bien existe una excepción para quienes vienen a través de un país 'seguro', la Ley de Inmigración y Nacionalidad es vaga sobre cuándo una nación es considerada de ese modo, para lo cual debe existir un acuerdo bilateral o multilateral.

En este momento, Estados Unidos solamente tiene un trato de este tipo, conocido como 'tercer país seguro', con Canadá, y aunque a la luz de un reciente acuerdo con México algunas naciones centroamericanas consideraron un pacto regional sobre el tema, no hay nada decidido.

De hecho, un amparo provisional de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala evitó por ahora que el presidente Jimmy Morales firme un eventual convenio de país seguro con la nación norteamericana.