Quito, 10 oct (RHC) Las jornadas de demandas populares, vividas en Ecuador desde hace una semana, han desatado una reacción represiva por las fuerzas del orden, que para muchos dejará huellas imborrables en esta nación sudamericana.

'Somos un país de paz', es una frase común entre los ecuatorianos, que por estos días se ensombrece ante la violencia utilizada por policías y militares contra manifestantes indígenas, trabajadores, estudiantes universitarios, campesinos y ciudadanía en general, quienes protestan por las medidas económicas impuestas por el gobierno.

Golpes, pateaduras, bombas lacrimógenas, motorizados contra grupos de personas y vehículos blindados militares a toda velocidad por las calles fueron algunos de los episodios vividos en la capital, donde las marchas comenzaron de manera tranquila, hasta acercarse a áreas aledañas al Palacio de Carondelet, sede de la presidencia, trasladada temporalmente a Guayaquil, resalta Prensa Latina.

Según un balance ofrecido por la ministra de gobierno, María Paula Romo, suman 714 los detenidos durante todo el período de movilizaciones, iniciadas el pasado 3 de octubre, cuando entró en vigor el Decreto 883, que eliminó el subsidio a la gasolina extra y el diésel, y resultó en el alza del precio de pasaje en ómnibus público y de alimentos.

La secretaria de Estado aseguró que no hay muertes por enfrentamientos con la policía, dato que contrasta con denuncias sociales de dos fallecidos como resultado de la represión de los agentes del orden.

De acuerdo con el informe, son 360 los civiles que han recibido algún tipo de atención médica durante las protestas y 86 los heridos entre las fuerzas represivas.

En ese contexto, en puntos donde se establecieron espacios de auxilio atendidos por médicos y paramédicos voluntarios, los especialistas dan cuenta de personas con signos de asfixia, fracturas y heridas con requerimientos de suturas.

La arremetida policial alcanzó hasta la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y la Universidad Salesiana, establecidas como zonas de paz y áreas de refugio para indígenas, que desde el martes pasado llegaron a Quito desde otras provincias a fin de unirse al paro general.

Al referirse a esos incidentes, también registrados en el Ágora de la Casa de la Cultura, la ministra de Gobierno pidió disculpas y aseguró que de ninguna manera hechos como esos volverán a suceder.

En medio de ese panorama de violencia, muchas familias se preguntan si existe solución, cuando quienes protestan insisten en mantenerse en pie de lucha y el ejecutivo se niega a dar marcha atrás a reformas que solo afectan a las personas de menos ingresos.

Según el gobernante Lenín Moreno, tomar esas medidas antipopulares fue difícil, pero necesario, aunque el consenso más generalizado en medios opositores políticos y civiles es que la acción gubernamental fue acceder a seguir las recetas aplicadas por el Fondo Monetario Internacional.

La situación interna ha puesto a Ecuador en la mira del mundo, desde donde muchos se han pronunciado a favor del derecho de los pueblos a expresar sus necesidades y demandas en las calles.

Mientras, la Organización de las Naciones Unidas y la Iglesia Episcopal intentan mediar entre las partes para lograr que se sienten a la mesa de negociaciones y encuentren una salida pacífica y permanente a la crisis reinante.

La administración nacional propone una agenda, enfocada en el agro y con temas de posible interés para el movimiento indígena y los trabajadores, quienes no ceden en la demanda de derogar la resolución que liberó el precio en los combustibles.

(Prensa Latina)