Bogotá, 10 oct (RHC) A pesar de las múltiples alertas originadas por los líderes, organizaciones y sociedad en general, la violencia contra los defensores de derechos humanos en Colombia no se detiene, subrayó una fuente especializada.

Lejos de disminuir, las agresiones no han parado durante el primer semestre del 2019 y crecieron de manera significativa, vinculadas, al parecer, al escalamiento del conflicto armado en los territorios y a su reconfiguración, acorde con un informe el programa no gubernamental Somos Defensores.

En dicho período, apuntó, se registraron 591 agresiones, 'la cifra más alta que se haya conocido en un semestre desde la creación de nuestro sistema hace diez años'.

Aunque los asesinatos disminuyeron en un 23 por ciento en comparación con el primer semestre de 2018 (59 casos en 2019, frente a 77 en 2018), otro tipo de agresiones se incrementaron, es el caso de las amenazas que aumentaron en un 75 por ciento, detalló la organización.

En su opinión, esta particularidad en las cifras del primer semestre de 2019 parece indicar que hay un cambio en las estrategias de la violencia en los territorios y en el accionar de los grupos armados.

Por esto, enfatizó, es necesario subrayar la necesidad de no medir la intensidad de la violencia contra defensores de derechos humanos solo a través de los asesinatos, pues como se evidencia en las cifras, ellos están expuestos a múltiples ataques que buscan controlarlos a través del miedo y acabar con los procesos que adelantan en la defensa de los derechos colectivos.

Según el informe, aunque la violencia selectiva contra esta población es innegable y el país es testigo de ella, se continúa a la espera de respuestas oportunas por parte del Gobierno para brindar garantías y proteger la vida y los derechos de defensores.

A pesar de unas agresiones que no dan tregua, las medidas trazadas por las instituciones siguen siendo precarias: aumento de recursos para protección física y material, campañas de sensibilización, militarización de los territorios y programas gubernamentales para mitigar, puntualizó.

Estas estrategias blandas no atacan el problema de fondo, y mientras se ejecutan la violencia se reorganiza en las regiones y los diferentes actores armados y no armados continúan tratando de silenciar a quienes representan los derechos de sus comunidades, precisó.

Acorde con la organización, 'estamos en un escenario en el que se ha intentado borrar muchos de los procesos adelantados por la sociedad civil para construir un país diferente, y en el que se pretende moldear a esta de acuerdo con los intereses de un pequeño grupo, pasando por encima de las necesidades y los derechos colectivos'.

Mientras tanto, remarcó, la sociedad defensora de los derechos humanos y la paz, hace grandes esfuerzos para no permitir que estas fuerzas determinen el destino del país, para impedir la continuidad de las violencias y del conflicto armado. También labora para exigir al Gobierno que se respete y se implemente lo estipulado en el Acuerdo de Paz (firmado en 2016) con la exguerrilla FARC-EP y que no se le niegue a las comunidades la posibilidad de trabajar por la paz en los territorios.(Fuente:PL)