Brasilia, 14 oct (RHC) El Ministerio Público Federal (MPF) de la operación Lava Jato en Sao Paulo apeló la decisión del juez Ali Mazloum, quien rechazó en septiembre abrir otro juicio por corrupción contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Según la denuncia del MPF, el sindicalista José Ferreira da Silva (Frei Chico), hermano del exmandatario, recibió entre 2003 y 2015 unos 275 000 dólares en pagos mensuales.
Esos desembolsos, siempre de acuerdo con la acusación, eran parte de un paquete de ventajas indebidas ofrecidas a Lula, a cambio de favorecer al grupo Odebrecht en la obtención de contratos públicos.
Ante esta imputación, Mazloum, del Tribunal Regional de la Tercera Región (TRF-3) de Sao Paulo, no vio causa justa para la apertura de la acción criminal contra el exdirigente obrero.
Señaló que no existían todos los elementos legales necesarios para configurar el delito y no solo la causa para iniciar un proceso penal.
Insistió en que 'la denuncia no puede ser el resultado de la voluntad arbitraria de la fiscalía, basada en suposiciones o meras posibilidades'.
Pero ahora en su reclamación el MPF apunta que el magistrado se negó a abrir proceso alegando, 'en síntesis', que los crímenes imputados estarían prescritos y no hay pruebas de que Lula tenía conocimiento de los pagos que recibía su hermano.
En el recurso, los fiscales argumentan que, 'al contrario de los dicho por el juez, hay en el proceso diversas evidencias que sustentan las acusaciones, como, por ejemplo, los testimonios y los documentos que muestras que los pagos recibidos por Frei Chico estaban vinculados a diversos beneficios a Odebrecht'.
Al respecto, el abogado Cristiano Zanin, de la defensa del exgobernante, explicó recientemente que esa denuncia repite las mismas e irrazonables acusaciones ya presentadas en otros procedimientos penales contra el fundador del Partido de los Trabajadores.
Esclareció que 'Lula nunca ha ofrecido al grupo Odebrecht ningún paquete de ventajas indebidas, tanto que la denuncia no describe, y mucho menos prueba cualquier acto ilegal del expresidente'.
Una vez más, se recurrió al subterfugio del 'acto indeterminado', en una especie de comodín utilizado para multiplicar acusaciones irrazonables contra el exmetalúrgico, quien cumple prisión política desde el 7 de abril de 2018, denunció el jurista.
