Caracas, 19 nov (RHC) La embajadora de Venezuela en Bolivia, Crisbeyle González, denunció las pretensiones del gobierno de facto en la nación andina de desarrollar un proceso inquisidor y de persecución contra el pueblo indígena.
     
En declaraciones al canal Venezolana de Televisión, manifestó Crisbeyle González que la derecha boliviana pretende institucionalizar una dictadura y maquillarla como una democracia transicional, con la intención de recolonizar al pueblo.
     
La diplomática venezolana señaló que existe un constante asedio contra quienes respaldan las políticas sociales emprendidas por el presidente constitucional Evo Morales.
     
Por otra parte, al menos tres personas murieron por heridas de arma de fuego y treinta resultaron heridas en la ciudad boliviana de  El Alto en enfrentamientos con militares y policías en una refinería.
     
En tanto, el gobierno de facto instalado en Bolivia, tras el golpe de Estado, informó que todos los embajadores leales a Evo Morales perderán sus credenciales, privilegios e inmunidades porque fueron cesados en sus funciones.

El Gremio Nacional de Abogados (NLG) de Estados Unidos condenó el golpe de Estado ocurrido en Bolivia y manifestó que existen pruebas de la implicación de funcionarios norteamericanos en los hechos del país sudamericano.

El NLG condena enfáticamente el golpe militar perpetrado en Bolivia el 10 de noviembre, seguido por la presidencia autodeclarada de la senadora boliviana de extrema derecha Jeanine Áñez, en plena violación de la Constitución de Bolivia, expresó la organización en un comunicado.

Hay pruebas contundentes de que funcionarios y organismos electos de Estados Unidos trabajaron para fomentar este golpe de Estado en Bolivia contra el presidente electo Evo Morales, a expensas de los pueblos indígenas, los campesinos y los movimientos sociales de los pobres y la clase trabajadora, añadió la declaración.

De acuerdo con el texto, lo sucedido en esa nación viola la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Carta de las Naciones Unidas, y las leyes y resoluciones internacionales.

El papel de la OEA es particularmente preocupante, manifestó el gremio, al sostener que su liderazgo sirve como un apoderado de las maniobras políticas de Estados Unidos en toda la región, a pesar de la oposición de muchos países de América Latina a este tipo de intervenciones.

También expresamos nuestra firme solidaridad con el pueblo de Bolivia que continúa marchando, organizándose y resistiendo a pesar de enfrentar violencia dura y represión militar, agregó el comunicado de la asociación progresista de abogados más grande y antigua de Estados Unidos.

Asimismo, el texto destacó la importancia de terminar la intervención de Washington en Bolivia y en toda América Latina, e instó a la restauración del gobierno civil legítimo y la democracia en el país sudamericano.

El NLG recordó que el período previo al golpe incluyó acusaciones de fraude electoral contra Morales, luego de los comicios celebrados el 20 de octubre pasado, cuando el líder boliviano se impuso ante sus contrincantes con la ventaja suficiente para garantizar un cuarto mandato.

Principalmente, estas acusaciones se centraron en la afirmación de que el presidente no pudo lograr legítimamente un margen del 10 por ciento por encima del candidato del segundo lugar, Carlos Mesa, añadió el gremio.

El texto recordó que cuando tuvo lugar el golpe, Morales, ahora asilado en México, ya había acordado convocar a nuevas elecciones, a pesar de la falta de pruebas o documentación que respaldaran las imputaciones de fraude.

La asociación de abogados condenó, además, que los líderes políticos de Estados Unidos apoyaron abiertamente el golpe, incluidos los senadores Marco Rubio y Ted Cruz, y el congresista Bob Menéndez; y que el presidente Donald Trump aplaudió al ejército boliviano, 'en un apoyo rotundo a la toma del poder por oficiales militares no elegidos'.