París, 9 dic (RHC) La reforma de la jubilación impulsada por el gobierno francés entra hoy en una semana crucial, en medio del rechazo de amplios sectores a la iniciativa y de un paro con severas afectaciones en el transporte público.

Reuniones y anuncios de nuevas protestas y de avances hacia la iniciativa representan un escenario ambiguo, en el cual da la impresión de que las partes tienen voluntad de diálogo, pero a la vez no están dispuestas a ceder en sus posiciones, indica Prensa Latina.

El ejecutivo insiste en que su proyectado sistema universal por puntos, para sustituir a los 42 regímenes actuales de pensiones, es más justo y menos complicado, pero sindicatos y organizaciones sociales y políticas afirman que golpeará el bolsillo de los retirados, y por tanto es inaceptable.

La realidad hoy es la de un pulso de todo o nada, porque para el primer ministro Edouard Philippe, renunciar a la propuesta expondría al país más adelante a una reforma 'bien brutal', mientras Philippe Martínez, el secretario general de la poderosa Confederación General del Trabajo (CGT), advierte que sigue firme el rechazo.

'No hay nada de bueno en el sistema universal por puntos, debemos conservar el actual, que es el mejor del mundo, y mejorarlo. La pelota está en el campo del gobierno', subrayó Martínez en una entrevista publicada la víspera por el Journal du Dimanche.

En el propio medio, también ayer, el primer ministro se mostró determinado a 'llevar la reforma hasta su implementación, escuchando las preocupaciones de los franceses'.

Las inquietudes abundan, entre ellas la eliminación de las categorías de pensiones especiales, que favorecen a sectores militares y civiles, y la extensión en la práctica de la edad de jubilación de 62 a 64 años, para poder disfrutar de todos los beneficios, aunque sin cambiarla oficialmente.

Expertos señalan que la iniciativa, una de las promesas de campaña del presidente Emmanuel Macron, tiene antecedentes en países europeos como Suecia, y los resultados han sido negativos para muchos retirados.

El gobierno celebró ayer una reunión y este lunes realiza otra convocada por Macron, con la asistencia de Philippe y ministros enrolados en el impulso de la reforma, entre ellos el de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire, y la de Salud, Agnes Buzyn, además del alto comisionado para las Pensiones, Jean-Paul Delevoye.

Se espera que Buzyn y Delevoye encabecen después un encuentro con actores sociales, para exponerles los acuerdos adoptados por el ejecutivo y tratar de calmar los ánimos.

Para mañana, sindicatos y organizaciones sociales y políticas llamaron a una nueva jornada de protestas, similar a la que el 5 de diciembre marcó el comienzo del paro nacional contra el proyecto, y algunos sectores ya adelantaron que convocarán otra para el jueves.

Las manifestaciones de la semana pasada llevaron a las calles de esta capital y las principales ciudades francesas a 800 mil personas, según el Ministerio del Interior, y al doble de esa cifra, de acuerdo con los datos de los organizadores.

Desde el jueves, las afectaciones no han cesado por la huelga, sobre todo en el transporte público, con los servicios de trenes entre ciudades y regiones muy reducidos y el transporte parisino casi paralizado, con apenas dos de las 16 líneas del metro funcionando de manera regular, y el resto en su inmensa mayoría cerradas, una situación que continúa hoy.

En este contexto, el primer ministro Philippe dijo que el miércoles presentará la reforma de jubilación en detalle, y que lo hará si ánimo de atizar las contradicciones.

Para algunos, comienza a crearse el escenario de confrontación de 1995, cuando un movimiento social de grandes proporciones rechazó el plan neoliberal del entonces primer ministro Alain Juppé, quien lo presentó como 'una modernización' del país, sin embargo, otros opinan que el panorama es diferente, y no se llegaría a tal magnitud.

Las encuestas revelan el apoyo mayoritario de los franceses a las protestas de los últimos días, y también reflejan la necesidad de cambios en el actual sistema de pensiones, pero son más los que desconfían del gobierno para llevarlos a cabo que los partidarios de la reforma propuesta.

(Prensa Latina)