Bogotá, 26 feb (RHC) Según un informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en Colombia ocurrieron 108 casos de asesinatos de defensores de derechos humanos en 2019, el 75% de ellos en zonas rurales.

Igualmente el 86%  en municipios con un índice de pobreza multidimensional superior a la media nacional; y el 91 en localidades con tasas de homicidio que indican la existencia de violencia endémica. Adicionalmente, el 98 por ciento se registró en municipios caracterizados por la presencia de economías ilícitas y grupos armados ilegales.

Los ámbitos del ejercicio de defensa de derechos humanos más afectados continuaron siendo aquellos en los que se defienden los derechos de las comunidades y los grupos étnicos, representando el 65 por ciento de todos los asesinatos.

El informe arroja, además, que los crímenes contra defensoras se incrementaron en cerca del 50 por ciento en 2019 comparado con 2018.

El 5 de enero en Magdalena (departamento del noreste), una defensora afrocolombiana que exigía la garantía de los derechos de las mujeres víctimas de desplazamiento forzado y la adjudicación de tierras, fue asesinada por denunciar la presencia de un grupo criminal, ejemplifica.

En 2019 realizamos mil 151 misiones y dimos seguimiento a 250 casos de presuntas violaciones de derechos humanos, precisó durante la presentación del informe Alberto Brunori, representante de la Alta Comisionada.

Acorde con la información divulgada, se registraron 36 masacres, la cifra más alta desde 2014, lo cual implicó la muerte de 133 personas.

En dicho contexto, la ONU exhortó al Estado a seguir avanzando en la implementación de todos los puntos del Acuerdo de Paz (negociado en La Habana y firmado en 2016), de forma sostenida e integral.

Especialmente se refirió a las disposiciones relativas al enfoque étnico y de género y a la participación de las víctimas, con el fin de garantizar su derecho a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

En 2019, observamos avances en casos de graves violaciones a derechos humanos que fueron priorizados por la Jurisdicción Especial para la Paz (fruto del Acuerdo).

Animamos a que se prioricen otros casos de violaciones de derechos humanos, como violencia sexual y la desaparición forzada, manifestó Brunori.