Caracas, 17 jul (RHC) El Ombudsman (o defensor del pueblo) de Venezuela, Alfredo Ruiz, calificó de mediocre el informe que presentó sobre su país la alta comisionada de derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, al considerar que no está basado en hechos comprobados.

 "Es un informe muy mediocre, está muy mal realizado, parece hecho basado en chismes y cosas ni siquiera comprobadas, con un sesgo político muy intencionado, parece más para malinformar a personas que no viven en Venezuela", dijo el funcionario en una entrevista en la emisora Unión Radio.

El miércoles 15, Bachelet presentó un informe sobre Venezuela en que devela graves violaciones a los derechos humanos en esa nación sudamericana.

En el documento, la alta comisionada aseguró que los trabajadores del arco minero del Orinoco, en el sur del país, están sometidos a graves abusos y violencia que han causado al menos 149 muertos desde 2016.

En ese sentido, Ruiz criticó que la Oficina de la Alta Comisionada no corroboró con fuentes oficiales la información que publicó sobre el arco minero.

"No se revisan fuentes oficiales ni documentos formales, parece que no se han leído ni siquiera la creación del arco minero del Orinoco, hace referencia al arco minero, a la independencia de jueces citando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en fechas posteriores a que Venezuela se ha retirado de la OEA (Organización de Estados Americanos), siguen citando informes de los cuales Venezuela no es parte", indicó.

El defensor del Pueblo manifestó que en el informe no mencionan que en el estado Bolívar (sur), el Gobierno ha reforzado la acción contra la minería ilegal.

"Imagino que los equipos que elaboraron los informes son distintos a los que están en Venezuela, no dice quién lo elaboró ni la metodología, me imagino que fue contratada alguna persona para elaborar un informe que no tiene información de Venezuela", acotó.

El funcionario señaló además que el documento no refleja las consecuencias de las medidas coercitivas de EEUU que han afectado la economía venezolana.

"Habla de derechos económicos y sociales pero no hace mención de las medidas unilaterales coercitivas que han evitado que se pongan en funcionamiento algunas plantas eléctricas y de refinación; cuestionan a PDVSA (Petróleos de Venezuela) sin cuestionar la imposibilidad del Ejecutivo nacional para comprar insumos", expuso.

El Gobierno venezolano aseguró que no brindó consentimiento o insumos para la elaboración del informe, por lo que lo catalogó como una imposición a ese Estado soberano.
Fuente: Sputnik