Miguel Etchecoltatz, represor argentino que ha sido condenado a cadena perpetua por múltiples crímenes de lesa humanidad.
Enrique Marcarian / Reuters
Buenos Aires, 3 nov (RT) La lucha por los derechos humanos en Argentina avanzó un nuevo capítulo con el inicio del juicio por los crímenes cometidos en tres centros clandestinos de detención durante la última dictadura militar (1976-1983), que dejó un saldo de 30.000 desaparecidos.
En medio de la pandemia, este martes se llevó a cabo la segunda audiencia del juicio en contra de 18 represores que están acusados de privaciones ilegales de la libertad, aplicación de tormentos, homicidios, desapariciones forzadas, sustracción, retención y ocultamiento de niños y niñas nacidos y nacidas en cautiverio y delitos contra la integridad sexual.
Los crímenes se cometieron en las brigadas de Investigaciones de la Policía de la provincia de Buenos Aires en las localidades de Banfield, Quilmes y Lanús, y que, en el caso de los dos primeros, fueron conocidos popularmente como 'los pozos'. Al tercero directamente lo apodaron como 'El Infierno'.
Aunque en principio las investigaciones arrancaron por separado, finalmente fueron unificadas, ya que los tres centros clandestinos forman parte de una misma ruta de represión que ejerció la Policía Bonaerense en esa época.
De acuerdo con información oficial del Ministerio Público Fiscal, en el Pozo de Banfield se cometieron crímenes contra 235 víctimas; en el Pozo de Quilmes, contra 182, y en 'El Infierno', contra 62.
Así, los represores, que en total acumulan delitos de lesa humanidad padecidos por 442 víctimas, serán juzgados por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 que integran los jueces Ricardo Basílico, Walter Venditti y Esteban Carlos Rodríguez Eggers en un proceso que constará de una audiencia semanal y cuyo veredicto deberá conocerse a lo largo de 2021.
El proceso
El juicio debía iniciar en mayo pasado, pero se postergó por la emergencia sanitaria y comenzó recién el 27 de octubre con la lectura de los fundamentos del proceso y continuó hoy con el llamado de declaración indagatoria de los acusados.
La audiencia de la próxima semana tendrá una carga emotiva, ya que se leerán los testimonios de Adriana Calvo, Cristina Gioglio y Nilda Eloy, quienes fueron detenidos-desaparecidos que sobrevivieron a estos centros clandestinos y que murieron en los últimos años sin haber podido ver condenados a sus secuestradores y torturadores.
Luego se convocará a más de 400 testigos y a los integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense, siempre a través de videoconferencias debido a la pandemia.
El juicio se realiza en medio de una fuerte expectativa por el número de víctimas, por la importancia que tuvieron estas tres cárceles clandestinas en la represión y porque por primera vez se incorpora a este tipo de procesos un crimen de lesa humanidad cometido contra una persona trans.
Se trata de la sobreviviente Valeria del Mar Ramírez, quien estuvo secuestrada durante dos semanas en el Pozo de Banfield y sufrió múltiples violencias de parte de los represores.
Entre los acusados se encuentran criminales emblemáticos de la historia argentina, como el exdirector de Investigaciones de la Policía bonaerense, Miguel Etchecolatz y el exmédico policial José Antonio Bergés, además del exministro de Gobierno, Jaime Smart.
De acuerdo con el infor. cme más reciente de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, hasta mediados de septiembre en Argentina habían sido condenadas 997 de las 3.329 personas investigadas por delitos de este tipo cometidos durante la dictadura.
