Fiscalía ordena detención de dos de los principales ministros culpables de la represión del régimen de facto en Bolivia

Edited by Julio Pérez
2020-11-17 05:16:05

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La Paz, 17 nov (RHC) La Fiscalía de Bolivia ordenó la captura de Arturo Murillo y Fernando López, quienes fueron ministros de Gobierno y de Defensa, en forma respectiva, durante el Gobierno de facto presidido por Jeanine Áñez.

Las órdenes de aprehensión contra los exfuncionarios del régimen de facto se relacionan con el proceso por presunto sobreprecio en la compra de materiales de represión "no letales" del Brasil, informó el lunes el corresponsal de teleSUR en Bolivia, Freddy Morales.

De acuerdo con la denuncia, los exministros serían presuntos responsables de la compra de gases lacrimógenos con sobreprecio.

Medios locales de prensa publicaron copias de las órdenes de arresto, en las cuales se puede ver que fueron giradas el pasado 5 de noviembre, aunque fueron dadas a conocer el lunes 16.

Diputados del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) denunciaron que el Estado boliviano desembolsó en diciembre de 2019 una suma de 5.600.000 dólares a la empresa estadounidense Bravo Tactical Solutions LLC, por la adquisición de cartuchos de gas lacrimógeno, monto considerado como excesivo.

De acuerdo con medios locales de información, se habría pagado un sobrecosto de 2.000.000 de dólares por el armamento “no letal”.

 

(Telesur)

Las órdenes de aprehensión contra los exfuncionarios del régimen de facto se relacionan con el proceso por presunto sobreprecio en la compra de materiales de represión "no letales" del Brasil, informó el lunes el corresponsal de teleSUR en Bolivia, Freddy Morales.

De acuerdo con la denuncia, los exministros serían presuntos responsables de la compra de gases lacrimógenos con sobreprecio.

Medios locales de prensa publicaron copias de las órdenes de arresto, en las cuales se puede ver que fueron giradas el pasado 5 de noviembre, aunque fueron dadas a conocer el lunes 16.

Diputados del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) denunciaron que el Estado boliviano desembolsó en diciembre de 2019 una suma de 5.600.000 dólares a la empresa estadounidense Bravo Tactical Solutions LLC, por la adquisición de cartuchos de gas lacrimógeno, monto considerado como excesivo.

De acuerdo con medios locales de información, se habría pagado un sobrecosto de 2.000.000 de dólares por el armamento “no letal”.

 

(Telesur)



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