Lima, 11 dic (RHC) El Parlamento peruano inició la eliminación de la cuestionada inmunidad que protegía a sus miembros en casos de corrupción y otros delitos, tras protestas sociales.

La medida implica una reforma constitucional, por lo que requiere ser ratificada por dos tercios de los 130 parlamentarios en otra legislatura, en los próximos meses, y fue aprobada con 103 votos, con apenas 14 en contra y tres abstenciones.

La decisión atendió la voluntad ciudadana expresada en un referendo que en 2018 incluyó dejar en manos de la Corte Suprema la decisión de levantar la inmunidad y hasta avanzó a autorizar al máximo tribunal a procesar directamente a los congresistas que incurran en delito durante su mandato o antes.

Eliminó además una ley similar pero distorsionada aprobada en julio de este año y cuestionada porque en los hechos ponía una serie de trabas y condiciones que dejaron en pie la inmunidad.

La nueva versión 'no es perfecta, pero avanza al establecer que los delitos cometidos antes de ser congresista irán directamente a jueces penales, evitando que el Parlamento sea un escape ante procesos penales', comentó el analista Iván Lanegra.

La referencia a la imperfección parece referirse a que la norma exonera de responsabilidad a los legisladores por sus opiniones, votos y acciones propias de sus funciones, lo que puede dar margen a interpretaciones que les den inmunidad.

El observador Carlos Bedoya declaró a Prensa Latina que el Parlamento aprobó la norma 'con una pistola en la sién' y tratando de mejorar su imagen con miras a las elecciones generales de abril de 2021.

Se refirió así a la presión y el repudio social a posiciones y decisiones impopulares del órgano legislativo, como la destitución del presidente Martín Vizcarra y su reemplazo por el conservador titular del Congreso, Manuel Merino, obligado a renunciar ante grandes protestas reprimidas con un saldo de dos muertos.

La reforma fue aprobada horas después de una encuesta en la que el Congreso registró una desaprobación de 72 por ciento.

Entre los pocos que votaron contra la medida figuran el repudiado Merino, quien es investigado por el Ministerio Público por las dos muertes en las protestas en su contra, junto a dos de sus ministros y varios altos jefes policiales.

Tampoco apoyaron la ley, el derechista Édgar Alarcón, investigado por la Fiscalía Anticorrupción, y siete miembros de Fuerza Popular, partido de Keiko Fujimori, candidata neoliberal a la presidencia e indagada por lavado de activos y otros posibles delitos.
Fuente: Prensa Latina