Protesta en Haití por reivindicaciones para los jueces. Foto: Telesur
Puerto Príncipe, 10 mar (RHC) Los jueces de Haití anunciaron que mantendrán su huelga hasta tanto el presidente Jovenel Moïse retire los decretos sobre la jubilación de magistrados y materialice la independencia del Poder Judicial.
En conferencia de prensa este miércoles representantes de las asociaciones de magistrados recordaron que los jueces de Casación son considerados inamovibles por la ley, y reiteraron que continuarán su movimiento a pesar de las recientes advertencias del Gobierno.
'El paro no es por un aumento de sueldo o por privilegios, sino por la independencia de la justicia y la defensa de los principios. Nosotros no defendemos a un magistrado en particular, sino principios', dijo Jean Wilner Morin, presidente de la Asociación Nacional de Magistrados.
El letrado también celebró la postura del presidente del Tribunal de Casación, René Sylvestre, que se solidarizó con la lucha de los magistrados y se posicionó a favor de la independencia de los poderes, aseguró Morin.
Desde el 14 de febrero los jueces promueven una huelga que paraliza el sistema judicial, ya afectado por la crisis sociopolítica y sanitaria, además de la inseguridad, y los repetidos paros en el sector.
El pasado lunes, el ministro de Justicia Rockefeller Vincent criticó la protesta y señaló que los magistrados 'no tienen derecho a convocar a una huelga indefinida'.
El acceso a la justicia es un derecho fundamental a disposición de los litigantes y la situación actual constituye una violación de esos derechos, escribió el funcionario en la red social Twitter.
Moïse despidió a inicios de octubre a tres jueces que presuntamente estaban relacionados con el gobierno transitorio impulsado por la oposición. Uno de ellos, el magistrado Yvickel Dabrésil, incluso fue arrestado y acusado de conspirar contra la seguridad interna del Estado.
En un decreto divulgado el 8 de febrero, Moïse jubiló a Dabrésil, Wendelle Coq Thélot y Joseph Mécène, este último nombrado por opositores y organizaciones sociales como presidente del gobierno de transición; sin embargo, según las asociaciones de magistrados, estas acciones violan la Constitución y el cuerpo de leyes del país.
Fuente: Prensa Latina
